La audiencia de legalización de los allanamientos y captura de Nicolás Petro Burgos, diputado del Atlántico e hijo del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego; al igual que de su exesposa, Daysuris Vásquez, acusados ambos del delito de lavado de activos y, en el caso del político, de enriquecimiento ilícito, se desarrolla de manera semipresencial en el búnker de la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá.
Tanto el primogénito del mandatario de los colombianos como su expareja fueron conducidos a las instalaciones del ente acusador para comparecer ante un juez, que decidió llevar a cabo esta diligencia de manera reservada; pese a la expectativa que existía en el país por conocer los detalles que la investigación y la recolección del material probatorio de la Fiscalía que llevaron a proceder a la captura.
“Hemos recibido un tratamiento hostil”
Antes de que se diera inicio formal a la citada audiencia, Juan Trujillo, uno de los abogados de Petro Burgos, insistió en su alegato de pedir que se cambiara el sitio donde su defendido afrontara esta jornada, debido a lo que denunció era un ambiente hostil por parte de la Fiscalía contra su cliente.
“Como usted lo leyó, radiqué memorial en el Centro de Servicios Judiciales con copia al Ministerio Público, solicitándole que las audiencias del día de hoy (domingo 30 de julio de 2023) se realicen en un lugar diferente a las instalaciones de la Fiscalía”, señaló Trujillo.
Según él, la petición se hizo teniendo en cuenta que el sistema acusatorio “es un sistema de partes”, regido por el principio de igualdad de armas, el cual se vulneraría por completo en el evento en que la audiencia se lleve a cabo en las instalaciones de la contraparte; en este caso, las del ente investigador. Y dejó en el aire una presunta preferencia con Vásquez, de quien dijo tendría en curso un preacuerdo.
“Su señoría podría eventualmente señalar que, así como los defensores de la señora Daysuris Vásquez están allá presentes, pues es muy respetable su decisión de estar allá y quizás están en una negociación con la Fiscalía, quizás van a aceptar cargos hoy”, añadió Trujillo.
“De nuestra parte, pues hemos recibido un tratamiento hostil por parte de la Fiscalía, no contamos con las garantías para hacer una diligencia allá. Y además se generaría un precedente terrible, señor juez, que ahora en adelante las audiencias se celebren en la Fiscalía General de la Nación”, manifestó el letrado, en relación con las condiciones en las que está afrontando el hijo del presidente este juicio.
“Captura fue ilegal”
Pero más allá de esta molestia, David Teleki, otro de los apoderados de Petro Burgos, señaló que la captura del joven político es, a su juicio, ilegal, toda vez que no se cumplió con el debido proceso para hacerlas efectivas, como lo establece el Código Penal Colombiano.
“Debieron hacer un análisis sopesado sobre si realmente existieron motivos, porque podrían haberlo citado en cualquier momento. Este es un proceso por un delito donde se deben hacer unas justificaciones y han debido llamarnos a interrogatorio previo para justificar.”, dijo Teleki a Noticias Caracol.
Y cuestionó el traslado del hijo de Gustavo Petro a Bogotá para adelantar este proceso judicial. “En Barranquilla también hay jueces, se hubiera podido hacer virtual”, advirtió el abogado defensor, quien no entendió la decisión de llevarlos a la capital de la República y acusó a la Fiscalía de prestarse para darle credibilidad a “falsos testimonios” con “intereses malévolos”.
“Aquí hay muchos intereses en juego. Y una persona diciendo mentiras y manipulando información”, destacó Teleki, quien alegó que tiene cómo comprobar la compra de bienes lujosos por parte del joven político, como la casa en el sector de Villa Campestre, en Barranquilla, avaluada en 1.600 millones de pesos.