Petro le recordó a Margarita Cabello que la Convención Americana sobre de Derechos Humanos es una ley de la República

La discusión entre el presidente Gustavo Petro y la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, no ha parado. En Twitter, el presidente le recordó a la procuradora que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no es un simple tratado suscrito por el Estado colombiano, sino que hace parte del bloque de constitucionalidad y es una ley de la República.

El trino del presidente Petro se registró como respuesta a una declaración de la procuradora Cabello, en Blu Radio, en la que sugirió que al jefe de Estado “no le gusta lo que hacen las leyes colombianas”:

La discusión entre el presidente y la procuradora por la sanción a un alcalde

Este nuevo encontrón entre el presidente y la procuradora inició luego de que Petro se negara a ejecutar una sanción del Ministerio Público contra el alcalde de Riohacha, José Ramiro Bermúdez Cotes, por irregularidades en contratación. Ante esto, Cabello, en un evento privado, ventiló sus preocupaciones:

En Twitter, el presidente Petro le contestó a la procuradora Cabello advirtiendo: “Cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos que es parte de nuestra Constitución no es un caos”. También reiteró que seguirá acatando las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues estas también son de obligatorio cumplimiento en Colombia.

Entre los argumentos del presidente Petro para negarse a ejecutar la sanción de la Procuraduría está que el Ministerio Público no tiene facultad para suspender o destituir a alcaldes o gobernadores elegidos por voto popular, como lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallar en contra del Estado colombiano luego de que el procurador Alejandro Ordóñez, en 2013, destituyera e inhabilitara al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Contrario a esto, la procuradora Cabello ha insistido en que sí tiene esa facultad y argumenta que existe jurisprudencia de la Corte Constitucional que le daría la razón. La funcionaria también ha esgrimido que en el artículo 277 de la Constitución de 1991 determina que el procurador General, por sí solo o mediante sus delegados, puede “ejercer vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas” incluso a aquellos que fueron elegidos por voto popular.

Cabello también expresó su preocupación frente a las elecciones regionales de octubre: “Me preocupa que en este momento de elecciones y proceso electoral se esté dando vía libre a incumplir el estado de derecho y la democracia y a darle a los corruptos electos popularmente, sancionados por la Procuraduría en estos tres años inscribirse y afectar la legitimidad de los ciudadanos para ser candidatos de corporaciones públicas”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, se metió en la discusión advirtiendo que la Convención Americana sobre Derechos Humanos “tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, por lo tanto, es obligación del presidente de la República (...) aplicar en cualquier acto suyo, todo el ordenamiento jurídico empezando por la Convención Americana”.