Niegan solicitud de Piedad Córdoba de sacar a la magistrada Cristina Lombana de su proceso por “Farcpolítica”

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de Piedad Córdoba de apartar a la magistrada Cristina Lombana del proceso que lidera en su contra por la denominada “Farcpolítica”.

La defensa de la senadora del Pacto Histórico debatió la imparcialidad de la magistrada debido a su pasado en el Ejército Nacional durante el gobierno de Álvaro Uribe y había pedido que Cristina Lombana saliera del caso para garantizar un proceso justo y objetivo pues, como afirmó en su momento, tenía una “mentalidad militar, así se haya quitado el uniforme”.

En la petición de la abogada de Córdoba, Ximena Castilla, señaló que, además del “sesgo político” de la magistrada, debía declarársele insubsistente, es decir, retirarla de su cargo.

Sin embargo, la Sala Plena de la Corte, por amplia mayoría, negó el recurso con el que buscaba revocar a la togada, que recientemente llamó a versión libre a la senadora para que declare por su presunta relación con varios comandantes de la guerrilla de las Farc.

En el fallo, el alto tribunal señaló que los argumentos presentados carecen de validez, toda vez que no existe un motivo de fondo para apartar a la magistrada Cristina Lombana del caso.

El pasado 18 de julio de 2023, la Corte Suprema de Justicia anunció una nueva medida en el caso que se adelanta contra la senadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, con relación a la llamada “Farcpolítica” y al origen de sus bienes.

El alto tribunal la investiga por posibles delitos de rebelión y colaboración con grupos armados.

Además de las acusaciones relacionadas con las Farc, Piedad Córdoba también ha sido objeto de señalamientos por su presunta cercanía con el régimen de Venezuela bajo el mandato del fallecido Hugo Chávez.

De acuerdo con Andrés Vázquez, el exasesor de la senadora, la figura política habría establecido vínculos cada vez más estrechos con el gobierno chavista. Vásquez también afirmó que la congresista usó la mediación y liberación de secuestrados con fines políticos.

La investigación de la Corte busca determinar si la política se benefició de la liberación de los secuestrados por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y si usó sumas de dinero que llegaban desde Caracas, Venezuela, para financiar su campaña al Senado de la República y así, presuntamente, adquirir propiedades.

Por eso, a la senadora se le cuestiona cómo pudo adquirir un costoso apartamento en el centro de Bogotá, pues las sospechas indican que el valor real del inmueble podría haber sido superior a lo que ella declaró haber pagado.

En diciembre de 2020, la Corte solicitó a las entidades bancarias información financiera de Piedad Córdoba, así como también de su expareja, hijos y hermanos. También le solicitó información a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y un reporte a las centrales de riesgo.

Según El Tiempo, se determinó que Córdoba estuvo presuntamente involucrada en movimientos millonarios que salieron de los bancos Central de Venezuela y el Microfinanciero, que tuvieron como destino seis cuentas en Colombia. Este dinero provenía de una constructora con sede en Valencia, Carabobo y de la firma Led Media, que tenía un clon en Bogotá.

En cuanto a la respuesta a las acusaciones y pruebas presentadas en su contra, Piedad Córdoba reiteró que financió sus campañas políticas a través de préstamos bancarios, además, anunció que no asistirá a la audiencia convocada por la Corte Suprema el próximo 28 de julio.

En febrero del 2023, Piedad Córdoba pedía frenar el caso por supuestas irregularidades. Pero el tribunal negó el recurso de nulidad y afirmó que tiene competencia para adelantar las investigaciones porque Córdoba es senadora desde el 20 de julio de 2022.