El 27 de julio, el juzgado promiscuo de Puerto Leguizamo (Putumayo) suspendió la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento, programada para el 1 de agosto, contra 25 militares involucrados en la masacre de Alto Remanso, en el mismo municipio, ocurrida el 28 de marzo de 2022. Esta decisión se tomó haciendo eco a una petición de la defensa de los uniformados que advertía un conflicto de competencia, pues estos piden que el caso pase a la Justicia Penal Militar. La Corte Constitucional entrará a dirimir bajo qué jurisdicción se deberán investigar y juzgar.
“La anterior decisión, obedece a la solicitud que, en precedencia fuese deprecada por los mandatarios judiciales de parte de los indiciados, aduciendo conflicto de competencia, impedimento que fue resuelto a través de proveído de fecha 23 de junio de 2023, y, remitido para lo de su cargo ante la Honorable Corte Constitucional”, se puede leer en la decisión del juzgado promiscuo de Puerto Leguizamo
A finales de 2022, la Justicia Penal Militar remitió el caso a la Fiscalía General de la Nación, advirtiendo que no tiene competencia, según información de El Espectador. También se conoció que el fiscal del caso, Luis Alfonso Cabezas Guzmán, en un documento, señala que no existe conflicto de competencias y que sería un “exabrupto” pedirle a la Corte Constitucional que entre a definir esto, toda vez que se podría correr el riesgo de que se venzan los términos.
¿Qué dicen los familiares de las víctimas de la masacre?
Mayerli Oliva, familiar de una de las once personas que fueron asesinadas en la masacre, le dijo a Sigue la W que no sabía que la defensa de los militares involucrados estuvieran buscando trasladar el caso a la Justicia Penal Militar y advirtió: “Ellos se van a refugiar mucho en la justicia militar, entonces eso quedará impune”
También dijo que si en el año largo que ha pasado desde la masacre no se ha logrado avanzar mucho en las investigaciones y juicio de los militares involucrados en la masacre, si este pasa a la Justicia Penal Militar “serán años y años, serán otros falsos positivos más”.
La coordinadora de la Red de Derechos Humanos del Campesinado del Putumayo, Yuri Sirleney Quintero, también cree que la suspensión de la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra los 25 militares involucrados en la masacre podría derivar en que el caso quede impune y aseguró que no argumentos de peso para solicitar el traslado de jurisdicción:
“Los abogados de los militares pasaron una solicitud para que el proceso pase a la Justicia Penal Militar y así hacen que la audiencia se aplace y torpedea el caso. Aquí lo que se nota es que se le presenta atención a la solicitud de los abogados de los militares, pero la Corte Constitucional ha mostrado en otros casos que no corresponde que el proceso vaya a la Justicia Penal Militar, sino que procese la justicia ordinaria”
Por su parte, el representante a la Cámara del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Ermes Pete, rechazó las pretenciones de la defensa de los uniformados: “No estoy de acuerdo con el traslado del caso porque no habría garantías para esclarecer los hechos y para la sanción que debería imponerse”
Ministerio de Justicia se pronunció sobre el caso
El viceministro de Justicia, Camilo Umaña, le dijo a Sigue La W que hay que respetar la independencia judicial y que debe ser la Corte Constitucional la que defina si es la justicia ordinaria o la Justicia Penal Militar la que juzgue a los 25 militares.
“Debemos ser respetuosos de la independencia judicial y son los jueves, a la Corte fallar y juzgar sobre este conflicto. Confiamos en que tomarán la mejor decisión posible a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos que limitan foro penal militar para casos de violaciones de Derechos Humanos”
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