Datos de extranjeros que solicitan visa colombiana se estarían filtrando: Cancillería le solicitó a la Fiscalía investigar el caso

El Ministerio de Relaciones Exteriores obtuvo información sobre las irregularidades y le expuso la situación al ente judicial, que se encargará de realizar el respectivo seguimiento

Investigan a la Cancillería por posible filtración de datos personales de ciudadanos extranjeros que solicitan la visa colombiana, pero que luego se las niegan. /Cancillería

El Ministerio de Relaciones de Colombia ha implementado diversas medidas para la protección de datos de los ciudadanos, sin embargo, ante las denuncias de presunta filtración de datos, la misma Cancillería instó a la Fiscalía General de la Nación para proceder con la investigación y constatar si los señalamientos sobre la exposición de datos personales de solicitantes de visa son ciertos, hecho que aún no se ha confirmado.

Infobae pudo constatar que la cartera de Relaciones Exteriores ya se comunicó con la Fiscalía para el proceso investigativo. Cancillería dijo: “En virtud del numeral 25 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 417 del Código Penal, la Cancillería ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, las denuncias recibidas sobre las posibles filtraciones de datos personales en sus sistemas de gestión”.

Esta situación se da tras diferentes denuncias expuestas por W Radio, en donde algunos denunciantes señalaban a la Cancillería de filtrar datos. Uno de los denunciantes de esas irregularidades, el abogado John Osorio, contó que el modus operandi era que, luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores le negara la visa colombiana a un extranjero, estos ciudadanos recibían un correo electrónico de una agencia tramitadora.

“Del 2022 hacia atrás, la persona radicaba los documentos, la Cancillería los revisaba y le escribía a través de la misma plataforma si había documentos incompletos. Pero desde septiembre (de 2022) se ve esta situación”, señaló el jurista en diálogo con la citada emisora.

Imagen de archivo. Cancillería fue citada por la Fiscalía por presunta filtración de datos de extranjeros

Aunque Osorio indicó que no podía atribuir la filtración de datos a la Cancillería, sostuvo en su momento que “sí habría funcionarios que cobran al extranjero por tramitar la visa”.

Por esos hechos, la misma emisora conoció que el Ministerio de Relaciones Exteriores decidió poner en conocimiento de la Fiscalía las respectivas denuncias por las posibles filtraciones de datos personales en sus sistemas de gestión.

En el marco de esa investigación, la Fiscalía citó a la Cancillería el próximo 28 de julio para que la entidad amplíe la denuncia y entregue las pruebas pertinentes.

La respuesta de la Cancillería sobre las denuncias

Imagen de archivo. La Fiscalía citó a la Cancillería para que entregue pruebas sobre las denuncias de posible filtración de datos. /Colprensa

Respecto de las denuncias de la posible filtración de datos personales de ciudadanos extranjeros, en marzo de 2023 la entidad aseguró a la W Radio que no pueden ni comparten información sobre las solicitudes de visa con terceros.

“Las normas sobre protección de datos así lo determinan. Sin embargo, pondremos estas denuncias en manos de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Cancillería y los funcionarios encargados de Protección de Datos para que hagan las revisiones de seguridad que estimen necesarias”, fue la respuesta de la Cancillería.

El inicio de la investigación de la Fiscalía se da a conocer a tan solo días de que el abogado Esteban Puyo Posada interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra la Cancillería por la millonaria licitación de pasaportes y etiquetas de visa que denuncian busca favorecer a Thomas Greg & Sons, la empresa a la que se le ha adjudicado el contrato durante los últimos 17 años.

De acuerdo con la acción judicial, el proceso “pretende que cesen las vulneraciones a los derechos colectivos a la Moralidad Administrativa, al Patrimonio Público y a la Libre Competencia Económica, en virtud de las actuaciones desarrolladas por la entidad en el marco de la Licitación Pública”, se lee en un apartado del documento conocido por el portal Asuntos Legales.

Con la acción popular, el jurista busca garantizar que la licitación de $599.651 millones cuente con las mismas condiciones y oportunidades para las firmas que buscan quedarse con el millonario contrato.