Durante los últimos cuatro años, el servicio de agua potable en el país ha experimentado retrocesos en lugar de avances, lo que representa un obstáculo significativo para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6, que busca lograr una cobertura del 100 por ciento en agua potable para 2030.
Esta preocupante situación fue revelada por la Contraloría General de la República al evaluar la implementación de la política del sector, tal como fue establecido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022.
A pesar de una inversión considerable de más de 4 billones de pesos entre 2018 y 2022, la necesidad básica de suministrar agua potable a gran parte de la población, especialmente en áreas rurales, no ha sido satisfecha.
La Contraloría lamentó que la gestión desplegada para ampliar la cobertura del servicio público de acueducto no haya beneficiado a una población mayor al crecimiento demográfico, según lo manifestado en un comunicado oficial.
El estudio, llevado a cabo por la Dirección de Estudios Sectoriales de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, identificó que los recursos destinados por el Gobierno nacional a proyectos relacionados con el agua potable se priorizaron según criterios que no consideraron el déficit a nivel departamental.
Las fallas más recurrentes encontradas, en un 43,8 por ciento de los casos, estuvieron relacionadas con el control y supervisión de los contratos para la ejecución de los proyectos de los Planes Departamentales de Agua (PDA).
En segundo lugar, se hallaron deficiencias de gestión por parte de las entidades responsables de los PDA, presentes en el 34,1 por ciento de los hallazgos. Por último, se identificaron falencias en la estructuración y formulación de proyectos, representando el 29,6 por ciento de los hallazgos.
La Contraloría también advierte que, aunque algunas metas propuestas se cumplieron, podrían haber sido más ambiciosas y contribuir de manera más significativa a solucionar el problema del acceso a agua potable. Más de 570 municipios quedaron clasificados como “sin riesgo”, lo que en cierta medida puede ayudar al cumplimiento del ODS.
Sin embargo, la Contraloría no puede afirmar que se esté avanzando realmente hacia el cumplimiento del ODS debido a las variaciones significativas en las cifras reportadas durante los dos últimos años del cuatrienio. Estas fluctuaciones han generado vacíos en la información recopilada, dificultando así una evaluación precisa del progreso en la mejora de la calidad del agua para consumo humano.
La pandemia de covid-19 también afectó negativamente la obtención de datos del Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) en 2020, lo que dejó un total de 177 muestras sin información disponible.
Otra preocupación que surge de los datos del 2020 es que ocho municipios tienen un IRCA superior a 80.1, lo que los clasifica como “inviables sanitariamente”. Estos municipios son: Clemencia (Antioquia) con un IRCA de 81,6, San Juan Nepomuceno (Bolívar) con un IRCA de 100.0, San Sebastián (Cauca) con un IRCA de 88.9, Gamarra (Cesar) con un IRCA de 83.8, Francisco Pizarro (Nariño) con un IRCA de 87.1, Sucre (Santander) con un IRCA de 97.0, Sucre (Sucre) con un IRCA de 84.4 y Villarrica (Tolima) con un IRCA de 8.2.
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