La Gobernación de Cundinamarca presentó un informe especial sobre los casos de feminicidio que se han presentado en el departamento durante 2023, en el cual reporta que hubo una reducción de este delito en comparación con las cifras del año inmediatamente anterior.
Aunque la cifra entregada por la Fiscalía Seccional es que se presentaron cuatro casos en lo que va del año, existen otras organizaciones que tienen un dato distinto y el cual abre el debate sobre la manera en que se están manejando las estadísticas para esclarecer la situación en el país.
Ante esta situación, el informe especial de la Gobernación también presentó las estadísticas que arrojaron algunas entidades encargadas de esclarecer este tema y aclarar a la ciudadanía sobre la manera en que se pueden manejar como feminicidios.
Los casos de Fiscalía
El Observatorio de Seguridad y Convivencia Ciudadana, encargado de realizar el informe especial de feminicidios en Cundinamarca, entregó primero los datos arrojados por la Fiscalía Seccional, ratificados por el reporte del SiedcoPlus de la Policía Nacional.
Según estas entidades, en el departamento se reportaron cuatro casos en lo que va de 2023, los cuales ocurrieron en el municipio de Soacha (dos), uno en Silvania y otro en Pacho, lo que significa una reducción de siete de estos hechos en comparación con el total de 2022, que tuvo 11.
Sumado a eso, el informe señaló que es la misma cifra de feminicidios que se presentó en 2021, cuando reportaron los delitos en Viotá, Puerto Salgar, Funza y Soacha, mientras que en 2020 fueron siete y ocurrieron en Soacha (3), El Rosal, Madrid, San Francisco y Subachoque.
Datos distintos
El informe especial señala que existen dificultades para tener un reporte exacto sobre los casos de feminicidio, no solo en el departamento, sino en todo el país: “Uno de los asuntos más importantes y complejos de las cifras de feminicidios es el que tiene que ver con las fuentes; es decir, con el conocimiento de los reportes y los casos. Saber cuántos son en realidad”.
“Existen varias fuentes oficiales o institucionales que manejan cada uno sus reportes y cifras según el rol que cumplan dentro de las rutas de denuncia que existen. No obstante, en la actualidad es difícil que alguna institución conozca a ciencia cierta cuántos feminicidios existen y se reitera la necesidad de que el gobierno tenga un sistema central de estadística de los datos”, añadió.
Ante eso, el primer dato que presentó fue el del Observatorio Colombiano de Feminicidios (OCF) que para 2023 tiene reportados 203 feminicidios en todo el país, de los cuales seis son en Cundinamarca, con corte al 30 de junio, y significa que tienen dos hechos más en comparación con la Fiscalía.
Cifras oficiales y no estatales
Sobre esta situación, en el informe se destacó que “es necesario entender que la diferencia entre las cifras que reportan tanto las entidades estatales, consideradas oficiales, como las no estatales; responde a una compleja realidad de lo que la cifra en sí representa”.
“Por ejemplo, la Fiscalía tiene como oficiales las cifras que efectivamente fueron tipificadas y condenadas en el proceso penal como feminicidios. Para llegar a este punto, se ha tenido que cumplir precisamente con la realidad local de cada proceso, de cada paso en la ruta de respuesta ante un homicidio de una mujer. La misma Fiscalía maneja diferentes cifras en la medida en que muchos casos pueden iniciar declarándose como feminicidios y por distintas razones durante el proceso terminan siendo homicidios agravados”, indicó.
Agregó que “las fuentes no estatales cuentan también con los registros oficiales, pues como se mencionó su deseo es aportar a estos esclarecimientos, pero toman como referencia otras fuentes adicionales, por ejemplo: prensa nacional, testimonios de familiares; y, de esta manera, El OCF, al considerar y evaluar de manera más amplia las circunstancias de los hechos, da cabida a que más casos puedan efectivamente ser valorados como feminicidios”.
“Por todo esto, es una dificultad, no solo nacional sino internacional, el manejo de cifras acordes a la realidad. Este proceso implica, además, toda una estructura de soporte local que pueda atender cada caso. Muchas veces las situaciones superan la capacidad estatal de dar respuesta efectiva a los procesos”, concluyó el informe.