Tres de las principales economías de Suramérica (Chile, Colombia y Brasil) unieron esfuerzos en la ‘Primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global, incluyente, sostenible y equitativa’ llevada a cabo en Cartagena de Indias, en la cual funcionarios y ministros de Hacienda de 16 países latinoamericanos se congregaron para establecer una plataforma regional conjunta.
El objetivo de esta iniciativa es abordar los desafíos que plantea el panorama económico mundial, especialmente en relación con el impacto de los gigantes tecnológicos como Netflix, Spotify y Amazon en la región.
La cumbre, que contó con la participación de otras tres grandes economías de la región, como México, Argentina y Perú, representa un esfuerzo para discutir y armonizar la reforma de ciertas falencias en la estructura fiscal de las naciones latinoamericanas, que se caracterizan por ser una de las zonas más desiguales del mundo en cuanto a la distribución de la riqueza.
El debate sobre la necesidad de establecer una tasa de gravamen corporativo a nivel mundial fue objeto de discusión durante un largo período, sin embargo, los desequilibrios sociales heredados de la pandemia aceleraron la urgencia de tomar medidas al respecto.
Las grandes economías del mundo ya alcanzaron acuerdos recientes para gravar con un mínimo del 15% los beneficios de las empresas tecnológicas y otras grandes corporaciones transnacionales que operan en sus países.
El exministro de Hacienda de Colombia José Antonio Ocampo, quien jugó un papel clave en la preparación de la cumbre, enfatizó en un artículo publicado en el diario El Tiempo acerca de la importancia de enfrentar los desafíos planteados por la economía digital.
Ocampo señaló que las grandes fortunas y corporaciones utilizan “sociedades fantasmas” en paraísos fiscales para evadir una parte significativa de sus obligaciones tributarias, lo que ha agravado la inequidad en la región.
Esto está relacionado con el conocimiento de las empresas tecnológicas como Google, Facebook y Amazon que pagan impuestos en jurisdicciones con tasas impositivas muy bajas, donde establecen sus sedes financieras, en lugar de hacerlo en los países donde operan y generan ingresos.
En respuesta a esta problemática, la cumbre en Cartagena de Indias tiene como objetivo desarrollar políticas fiscales internacionales y regionales más inclusivas.
De acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo, reveló que para el 2020, el 10% de las personas con mayores ingresos en la región ganaba 22 veces más que el 10% más pobre, y el 1% más rico acaparaba el 21% del total de los ingresos. Estos datos evidenciaron la gran brecha de desigualdad que existe en la región y refuerzan la necesidad de buscar soluciones conjuntas.
Las diferentes propuestas presentan un paso adelante en línea con las acciones que han tomado los países del G-7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Canadá), el grupo de las naciones más poderosas del mundo, que desde 2021 han tejido acuerdos para poner freno a las ventajas fiscales de las grandes corporaciones.
En el caso de América Latina, más de 50 organizaciones de la sociedad civil, lideradas por Oxfam, participaron en la cumbre y formularon diez reformas para la región, entre ellas destaca el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia y la incorporación de un enfoque de género para eliminar las discriminaciones en las políticas fiscales.
El ministro de Hacienda colombiano, Ricardo Bonilla, sucesor de Ocampo y anfitrión entusiasta de la cumbre, enfatizó en su discurso de apertura que la progresividad tributaria es un instrumento invaluable para reducir la concentración de la riqueza y la desigualdad.
La cumbre contó con el respaldo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y prácticamente todos los Estados latinoamericanos han firmado el acuerdo.
Sin embargo, Venezuela, bajo el régimen del dictador Nicolás Maduro, estuvo ausente de este evento.