Sigue el enfrentamiento entre la Procuradora y el Presidente: Margarita Cabello aseguró que Gustavo Petro “quiere incumplir una orden constitucional”

La procuradora general, Margarita Cabello, se pronunció el jueves 27 de julio en el marco de un evento que se desarrolló en Bogotá, sobre la negativa del Presidente por no acatar la sanción contra el alcalde de Riohacha, José Bermúdez.

Para Cabello, el presidente Gustavo Petro está desconociendo completamente el Estado Social de Derecho al no atender el fallo disciplinar contra el alcalde de Riohacha, en La Guajira, por presuntas irregularidades en una licitación pública. “Ojalá que no se rompa la democracia o algunas instituciones cuando el Presidente de la República que desconociendo el Estado Social de Derecho quiere incumplir una orden constitucional”.

La jefa del ministerio público le respondió al presidente Gustavo Petro que la Corte Constitución ya se había pronunciado respecto a que la Procuraduría sí tiene competencia para suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, sanción que luego pasa por un control judicial.

Luego del evento, la Procuradora dio una rueda de prensa en la que reiteró su posición frente a los procesos que se deben adelantar contra los funcionarios elegidos popularmente, pero que están envueltos en temas de corrupción. Y afirmó que la ciudadanía no debe esperar años para que se les sancione porque de ser así como se le podría explicar a los colombianos este escenario.

‘’El problema es grave y es de caos institucional’'. Agregó: ‘’Cuando debería ser el presidente de la República el encargado de dar el ejemplo a toda la sociedad de acatar un estado de derecho y de utilizar los mecanismos adecuados para contradecirlos o controvertirlos si hubiera lugar’'.

Concluyó mencionando que como Procuraduría debe cumplir las normas, y que su deber es sancionar ‘’porque así me lo dijo la constitución, avalada por la Corte Constitucional en una decisión constitucional’'.

El mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, debería expedir un decreto designando un mandatario encargado para el municipio porque es una ciudad capital, pero parece que este desconocerá la suspensión.

Así se entendió en una carta que el jefe de Estado envió directamente a la procuradora Margarita Cabello el martes 25 de julio de 2023, donde expone las razones, que dicho organismo administrativo no tiene facultades para sancionar a un alcalde en ejercicio.

“El presidente observa con preocupación que la medida cautelar de la suspensión provisional de un funcionario electo popularmente autorizada en la ley colombiana y ordenada por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción”, se lee en la misiva.

Según menciona Petro en el escrito, la medida cautelar “no es una de aquellas medidas restrictivas de los derechos políticos autorizadas en el Artículo 23 n.° 2 de la Convención ADH, ni reúne las exigencias mínimas de los estándares convencionales fijados por la Corte IDH en sus precedentes, lo que hace imposible que se proceda a expedir el acto de ejecución o cumplimiento solicitado por la autoridad administrativa’'.

En teoría, Petro estaría usando el mismo recurso internacional con el que se salvó de la suspensión emitida por el entonces procurador Alejandro Ordóñez, en su caso por las basuras de la capital del país cuando fue alcalde.

La polémica se desata, entonces, porque con el documento estaría desautorizando a la Procuraduría General de la Nación y dando vía libre a los futuros investigados por el ente, a recurrir a instancias internacionales para revocar las decisiones del órgano disciplinario.

Según Petro: ‘’En cuanto se consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo popularmente (...), implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que, en el futuro, le sería reclamado a la República de Colombia”.

Además, el Presidente mencionó: “encuentra, asimismo, el presidente, efectuando una interpretación del efecto útil y acorde con el principio Pro Homine, que solo el hecho que quien profiera la medida cautelar sea una autoridad no jurisdiccional y no en un proceso penal, desconoce la garantía material que acompaña el ejercicio del derecho político humano del Artículo 23 de la Convención ADH”.

Y advirtió que la medida cautelar restrictiva del derecho político que se le impone a un electo popularmente proviene de una autoridad administrativa disciplinaria, que pertenece a la estructura administrativa y funcional de la Procuraduría, dentro de un proceso administrativo disciplinario sancionatorio, ‘’lo cual entra en contradicción material con el estándar convencional fijado por la Corte IDH respecto de las funciones sancionatorias de este ente de control frente a los electos popularmente(...)”.

Por tanto el presidente entiende que no va a proferir los actos de cumplimiento de este tipo de medidas requeridas por la Procuraduría Delegada, porque consumaría la violación de los derechos humanos políticos del electo por voto popular, ‘‘implicando un serio riesgo de la responsabilidad internacional del Estado por un presunto acto ilícito internacional que en el futuro le sería reclamado a la República de Colombia (...)”.

Con todo esto, Petro requirió dejar en firme su decisión sobre el caso e informó que trasladó copias del documento al ente disciplinario, para que se hagan los ajustes necesarios a la sanción provisional impuesta al alcalde, además de solicitar que se haga llegar el documento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y al embajador ante la OEA, para que sirvan de testigos en la decisión tomada por el Gobierno nacional.

El jefe de estado también anunció que remitirá los antecedentes del caso ante la Fiscalía General para que avance con las actuaciones que considere pertinentes dentro de sus competencias.