Reforma a la educación del Gobierno de Gustavo Petro afectaría al Icetex: estos son los cambios que tendría la entidad

Ya arrancó el nuevo periodo legislativo y el Ministerio de Educación planteó dos proyectos de reforma para radicar en el Congreso este semestre. El primero es uno que busca convertir a todos los niveles de educación en un derecho fundamental. El segundo es una modificación a la Ley 30 de 1992, que rige el marco normativo de la educación superior en Colombia.

Concretamente, busca modificar los artículos 86 y 87, que hablan acerca de las instituciones públicas. Pero también se incluyó un apartado sobre el Icetex.

Actualmente, aquella institución cuenta con recursos de rentas propias, aportes del presupuesto de la Nación, recursos de ahorro educativo y líneas de crédito nacional e internacional, con el aval del Gobierno nacional. La reforma busca derogar todo esto y quitarle al Icetex el protagonismo que le da la ley vigente.

De igual forma, se eliminaría su función como garante de los préstamos otorgado por el sector financiero a los estudiantes de educación superior de escasos recursos.

En la propuesta del Gobierno, la entidad pasaría de hacer créditos para estudios de pregrado a hacerlos solamente para estudios en el exterior. Así se explica en el borrador de la reforma: “Se disminuirá gradualmente el otorgamiento de créditos educativos reembolsables. Se fortalecerá el portafolio de servicios para priorizar el acceso a estudios especializados fuera del país”.

Para tal fin, el proyecto del Ministerio de Educación establece que aquella cartera transfiera a las Instituciones de Educación Superior estatales u oficiales los aportes correspondientes al valor de la matrícula neta de los estudiantes de Programas de Pregrado. El Gobierno nacional prevé implementar así gratuidad para 64 instituciones de educación superior públicas.

El proyecto de ley busca también que sea el Icetex la entidad encargada de seleccionar a los beneficiarios de las becas de cooperación internacional, becas de intercambio y otro tipo de becas ofrecidas a través de las distintas entidades públicas a los colombianos. “Se exceptúan del anterior régimen, las becas que las instituciones de Educación Superior obtengan en forma directa. Los representantes de las entidades que reciban las ofertas de becas internacionales estarán obligados a hacerlas llegar al Icetex”, se puede leer en el proyecto de ley.

De tal manera que la institución fortalecería su portafolio de servicios para la selección y adjudicación de becas y estímulos económicos que estén orientados a financiar los estudios posgraduales, pasantías, residencias, estancias académicas, de actualización profesional, inmersiones y modalidades académicas tanto en Colombia como en el exterior.

“El Icetex creará condiciones favorables para el acceso a estudios posgraduales de profesionales que ejerzan la docencia en todo el territorio nacional”, dice la propuesta.

En la última semana de junio de 2023, el Icetex y la Contraloría General de la Nación advirtieron sobre el hallazgo de cerca de 10.211 créditos que no cumplían con la totalidad de requisitos asignados por la entidad para acreditar estudiantes en condición de discapacidad.

Ante dicha circunstancia, el Icetex decidió efectuar el bloqueo correspondiente a esos créditos e iniciar eventualmente un plan estratégico para garantizar el acceso a la formación en educación superior a miles de personas víctimas de estafadores.

El presidente de la entidad nacional de créditos educativos, Mauricio Toro, precisó que la gran mayoría de las acreditaciones que se bloquearon correspondían a personas estafadas.

En una entrevista que sostuvo el presidente del Icetex con El Tiempo, Toro sostuvo que de los 10.000 créditos que se encontraron registraban irregularidades, los cuales fueron otorgados en la administración anterior.

“Vamos a garantizar, en primer lugar, el derecho a la educación de los jóvenes partiendo de la presunción de la inocencia de ellos y eso implica que vamos a hacer las denuncias correspondientes y será la Fiscalía quien determine si fueron víctimas de los tramitadores o lo hicieron a sabiendas. Sin embargo, nosotros somos conscientes de que el 90% han sido víctimas de tramitadores”, explicó Toro.

En cuanto a las personas detrás de las irregularidades, el director indicó que hay evidencia de una red de tramitadores falsos. Toro añadió que, la entidad ha recibido alrededor de 600 denuncias, en las que se incluyen los nombres de las personas encargadas de dichos trámites.

El presidente sumó que en esa lista se encuentran involucrados docentes. Con las denuncias presentadas, la entidad ha recibido nombres, datos, sitios, teléfonos, nombre de fundaciones, “porque usualmente están constituidas bajo esa figura”, agregó Toro.

Sobre el modus operandi de esa red de tramitadores, Toro fijó que existe un sin número de acciones que emplean esas personas para mentir, engañar y estafar a las personas que desean solicitar un crédito académico con el Icetex.

Además, agregó que, en algunos casos, se sostiene que presuntos funcionarios de universidades envían a los estudiantes para que tramiten los créditos en esas supuestas fundaciones, “también algunos docentes que sabiendo o no sabiendo los recomiendan, y también está el voz a voz”, le especificó Toro al El Tiempo.

De la implicación de presuntos docentes en las estafas, el presidente aclaró que hay algunos profesores involucrados, que “no sé si sabiendo o incautos, le recomiendan a los jóvenes ir a donde esos tramitadores que les falsificaron los documentos y los estafaron”.

Como parte de la estrategia interna que tiene el Icetex para evitar que se sigan registrando ese tipo de estafas, el directivo declaró que se está interoperando con el Registro Único de Víctimas del Ministerio de Salud con el propósito de que no se tenga que recibir documentos físicos que puedan estar sujetos a falsificación.

Cabe recordar que durante las actividades de auditoria por parte la Contraloría General de la Nación al Icetex, se determinaron seis hallazgos, de los cuales cuatro tienen presunta incidencia disciplinaria y tres con incidencia fiscal por $115.723.745.399.

Las inconsistencias y presuntas falsedades en documentos halladas, fueron otorgadas entre el periodo de 2018 y 2022, como parte de una línea especial que dedicaba el Icetex para proteger a todas las personas con discapacidades del país, con beneficios como en lo pago de la tasa de interés.