Procuradora Margarita Cabello pediría que se investigue al presidente Gustavo Petro por prevaricato: “Es un mal ejemplo”

Continúa la controversia por el enfrentamiento mediático entre la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, y el presidente de la República, Gustavo Petro, tras la decisión del jefe de Estado de no nombrar reemplazos para alcaldes suspendidos por el Ministerio Público.

A la polémica que ha ocupado la atención de los medios de comunicación este jueves 27 de julio de 2023 tras la respuesta del mandatario -quien se rehusó a reemplazar a los mandatarios inmersos en sanciones disciplinarias-, la titular del Ministerio Público anunció que tomará medidas.

La procuradora manifestó que no descarta compulsar copias a la Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, por lo que –según ella– Gustavo Petro estaría incurriendo en prevaricato, toda vez que el jefe de Estado se estaría negando a cumplir lo dispuesto en la Constitución Política.

“El incumplimiento o desacato de las decisiones de la Corte Constitucional genera lo que se llama el delito de prevaricato. Ahí podría pensarse en la necesidad de actuar, haciendo la compulsa de copias correspondiente si a ello hubiera lugar, y eso estamos estudiando”, expresó Cabello.

La funcionaria, quien no dudó en responderle la comunicación de 24 páginas que el presidente Petro le envió con fecha del 25 de julio de 2023, dijo sentirse preocupada porque, a cerca de tres meses de las elecciones regionales, le está dando “vía libre a incumplir el Estado de derecho y de democracia”.

Y recalcó que la Corte Constitucional determinó que la labor de investigación, juzgamiento y la sanción contra servidores públicos, en especial los que fueron elegidos en las urnas, lo debe hacer la Procuraduría General de la Nación, “con la ratificación propia del Consejo de Estado”.

Sobre todo a quienes en los últimos tres años han sido sancionados, pues al desacatarse esta disposición podrán aspirar nuevamente a ocupar cargos en las corporaciones públicas del país. Sin importar si han sido sancionados por actos de corrupción.

Asimismo, ponderó la respuesta de Petro como “un mal ejemplo” para el orden jurídico del país y el respeto por la independencia de poderes. Un pronunciamiento más en contra de la gestión del presidente, con quien en los primeros 12 meses de su periodo ha tenido fuertes choques.

Por su parte, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se refirió a este asunto y recalcó el principal argumento emitido por el mandatario, que se basa en la determinación de la Convención Interamericana de la CIDH, el cual respalda a los servidores públicos elegidos por voto popular.

“Colombia no es una isla, forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las disposiciones de la Convención, interpretadas tal como las interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, forman parte del derecho interno colombiano”, resaltó Osuna en su pronunciamiento.

En este sentido, recalcó que dicha convención tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y, de acuerdo con su análisis, el presidente Petro, “como garante de los derechos humanos y la democracia”, está obligado aplicar el ordenamiento jurídico.

De acuerdo con el ministro, la Procuraduría tiene competencia de tipo disciplinario, pero sobre funcionarios que no hayan sido escogidos por la ciudadanía. Solo la decisión de un juez puede privar de los derechos políticos a quien ha sido escogido en las urnas.

“Pero en virtud de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los funcionarios elegidos popularmente, su atribución se constriñe a la vigilancia”, agregó el titular de la cartera.