Después de quedar al descubierto varios empresarios que, bajo fachadas, y en alianza con estructuras del ELN, presuntamente lograron robarle más de 80 millones de dólares a Ecopetrol, se conoció la estrafalaria fortuna que poseerían los implicados y que ahora hacen parte de la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente de control, se ha logrado el decomiso de más de 100 inmuebles, que fueron puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y los que se les aplicará extinción de dominio por ser obtenidos con dineros producto del negocio ilícito. De igual forma, se conoció los lujos que poseían algunos de los miembros de esta red criminal, mientras descalabraban a la empresa estatal de hidrocarburos.
“De manera simultánea al proceso penal, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, en coordinación con la Dijín de la Policía Nacional, ocupó 101 propiedades que harían parte del patrimonio ilícito de algunos de los presuntos integrantes del andamiaje ilegal de apoderamiento y comercialización de hidrocarburos”, señaló la Fiscalía.
En la lista proporcionada por el ente de control, destacan 37 vehículos de alta gama, 18 sociedades, 15 establecimientos comerciales, 15 propiedades urbanas y nueve rurales (entre casas y apartamentos lujosos), así como siete embarcaciones. En total, los inmuebles sumarian más de 1.3 billones de pesos.
“Están ubicados en Barranquilla y Galapa (Atlántico); Chivatá (Boyacá), Cartagena (Bolívar); Flandes, Espinal y Lérida (Tolima); Chía y Madrid (Cundinamarca); Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander), Buenaventura (Valle del Cauca) y Bogotá. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la encargada de administrar estos bienes”, señaló la Fiscalía.
La Fiscalía también aseguró que reforzaran los rastreos a inmuebles de más involucrados en el entramado ilegal, que incluye la búsqueda de propiedades en el exterior que pudieron ser compradas con dineros provenientes de la venta ilegal de crudo.
Según indicó el ente de control, los operativos también están encaminados a rastrear cuentas bancarias y transacciones irregulares de los empresarios que resultaron salpicados en el descalabro al Estado y a Ecopetrol. Se tiene conocimiento de que serían al menos 10 los nombres que ya reposan en las oficinas de la Fiscalía General de la Nación que están próximos a ir a juicio.
Para el órgano de control, existen indicios de que parte del dinero ilegal de los empresarios pudo desviarse a distintos países como República Dominicana, Venezuela, Curazao y Panamá, ya que las empresas colombianas lograron establecer enlaces comerciales con organizaciones de esos Estados. Incluso, la búsqueda podría salpicar a varios continentes, puesto que se tienen pruebas de que el crudo ilegal logró exportarse también a Países Bajos, y otros países de Asia y Europa.
¿Quiénes lideraban el negocio ilícito?
Entre los nombres más sonados por este escándalo, destaca el del empresario Hernando Silva Bickenbach, de la compañía Niman Commerce S.A.S, como el principal articulador del negocio ilegal. Según las pesquisas, el sindicado tenía conocimiento de que su empresa no estaba avalada por el Ministerio de Minas y Energía para comercializar crudo, pero, aun así, su nombre aparece como uno de los mayores proveedores del hidrocarburo a otra de las empresas vinculadas en el escándalo: Gunvor Group.
Por esta segunda empresa estaría vinculado a la investigación Roger Gale Gutiérrez, directivo de la compañía y señalado de ser el presunto responsable de ingresar el crudo al país, a través de la empresa C.I. La Operadora S.A.S.
Según la investigación de la Fiscalía, Gutiérrez diseñó la estrategia para no ser detectado por las autoridades colombianas, y luego exportarlo en cargamentos superiores a los mil galones, haciéndolo pasar como un producto importado de crudo residual, cuando en realidad se trataba de crudo liviano.
La investigación del ente condenatorio también salpica a Paola Margarita Martínez, exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla. La empresa presuntamente sirvió como centro de almacenamiento del crudo ilegal y sus derivados en una de sus bodegas ubicada en la zona franca de Barranquilla. El material probatorio conduciría a que Martínez tuvo negociaciones directas con Silva Bickenbach, para encontrar la forma de fortalecer el negocio ilícito de la compañía delincuencial llamada Bukering Imperio, desde la que se entramó todo el contrabando.
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