El expresidente Iván Duque salió en defensa de la procuradora Margarita Cabello Blanco, luego de que el jefe de Estado, Gustavo Petro, se negara a cumplir una solicitud. El exmandatario tildó a su sucesor de autoritario y recordó los choques con los funcionarios que dejó en su Gobierno.
“Quieren ser jefes del Fiscal, intimidar con marchas al Congreso, sustituir a las cortes con “investigadores” hechizos y desconocer a la Procuraduría y sus funciones. Claro apetito chavista autoritario y amenazante”, escribió el expresidente Duque en su cuenta de Twitter.
El trino surgió luego de que el presidente Petro se negara a nombrar alcalde provisional de Riohacha por la suspensión que le ordenó la Procuraduría al titular José Ramiro Bermúdez durante tres meses. El jefe de Estado sostiene que una autoridad administrativa disciplinaria, como es el Ministerio Público, no puede suspender del cargo a una persona electa popularmente.
Cabello Blanco salió de ser la ministra de Justicia de Duque Márquez a su candidata en la terna a la procuradora general. Al igual que el fiscal Francisco Barbosa, a quien consideraba su mejor amigo de la universidad. Por esa cercanía, algunos consideran que el expresidente ubicó funcionarios de bolsillo en los poderes públicos y ahora cuestiona a su sucesor por las relaciones con esas mismas instituciones.
Duque no fue el único en cuestionar la decisión, su ministro de Hacienda José Manuel Restrepo también rechazó la negativa del presidente Petro. “El Primer paso para VIVIR en DEMOCRACIA es respetar las decisiones de las instituciones. Ese ha sido el activo de Colombia para tener la democracia más sólida y antigua de América Latina. En democracia no se puede dejar de acatar una decisión institucional. Llamado a la sensatez y prudencia”, escribió el exfuncionario.
Según Restrepo, la decisión de su excompañera de gabinete cumple con el fallo de la CIDH en el que se basa el presidente Petro, porque este se refiere a sanciones y medidas provisionales como la que se impuso sobre el alcalde de Riohacha. “No pongamos en juego nuestro orden institucional y deteriorar la gobernabilidad”, dijo.
El Gobierno, en cambio, tiene una postura diferente. Según el ministro de Justicia, Néstor Osuna, la respuesta del presidente Petro es un “control de convencionalidad” de oficio sobre la solicitud de la Procuraduría de acatar la medida provisional del alcalde de la capital de La Guajira.
Osuna sostuvo que la Convención Interamericana de Derechos Humanos “tiene prelación en el ordenamiento interno colombiano, forma parte del bloque de constitucionalidad y por lo tanto es obligación del Presidente de la República como garante de la democracia y los derechos humanos”, aplicarla.
Es un conflicto que tiene Petro con la Procuraduría desde cuando era alcalde de Bogotá y fue suspendido por el Ministerio Público en cabeza de Alejandro Ordóñez. La Corte IDH condenó al Estado colombiano por esa decisión y protegió los derechos políticos del ahora presidente. En su fallo ordenó modificar el régimen disciplinario para que únicamente los jueces penales puedan destituir a los funcionarios elegidos popularmente.
Osuna sostuvo que “cuando el presidente aplica la convención americana sobre derechos humanos que establece y protege derechos políticos, al igual que nuestra Constitución y nuestra ley, está actuando de completa conformidad con el ordenamiento interno”. Por lo tanto, no consideran que sea un desconocimiento de las instituciones como sostienen los exfuncionarios.
La procuradora Cabello sostiene que la Corte Constitucional avaló las funciones disciplinarias de la Procuraduría, con el componente de que sus decisiones deben ser confirmadas por el Consejo de Estado. “En Colombia, estado de derecho y democracia, todas las autoridades, incluyendo el presidente de la República, tienen que obedecer las decisiones del órgano máximo que determina la legalidad de nuestro país”, sostuvo.