El caso del robo de crudo a Ecopetrol que envuelve a prestantes empresarios ya había pasado por la Corte Suprema

Las autoridades que tienen en su poder la investigación por el millonario robo y exportación ilegal de crudo colombiano indicaron que dos personas implicadas en este caso intentaron que el expediente no fuera adelantado en Bogotá.

Según información de las autoridades, estas dos personas buscaron que un juez en Putumayo, Huila o Tolima estuviera a cargo del expediente, que contiene decenas de horas de interceptaciones, facturas, fotos satelitales e información de agencias de inteligencia internacionales.

Además, se conoció que este caso estuvo en manos del magistrado Fabio Ospitia Garzón, quien al parecer se encargaría de definir su competencia.

Dicho documento aparece con fecha del 14 de abril de 2021. Un año antes el diario El Tiempo había informado sobre la captura de varias personas implicadas en el multimillonario robo.

Así mismo, se dice que la primera tesis para que el juzgado tercero del circuito especializado de Bogotá no terminara con el caso del robo al oleoducto Caño Limón Coveñas en su poder era que el delito se había presentado en el sur de Colombia y que era en ese sector del país donde se tenía que adelantar la investigación. Por su parte, el magistrado Ospitia se encargó de tomar una decisión de fondo al revisar toda la evidencia a la que tenía acceso.

El documento que estuvo en manos de la Corte Suprema de Justicia contiene toda la información de todos los implicados, los roles que ellos desempeñaban dentro de la organización y también la articulación con las empresas que se encargaban de mover el petróleo y que finalmente lo exportaban a Singapur, Ámsterdam y otros puertos de Asia y Europa.

Entre tanto, el magistrado Ospitia concluyó que “dado que fue en Bogotá donde se formuló la imputación y donde, como lo afirmó el delegado de la Fiscalía, se han concentrado las actividades investigativas relacionadas con los hechos acusados, el caso no debía ser trasladado”.

Según esta decisión, la Dirección de Hidrocarburos de la Dijín empezó a escuchar por varios meses los celulares de los implicados por medio de la plataforma Esperanza. Estas interceptaciones, que son consideradas como legales, le sirvieron como pruebas para a la Fiscalía para que el caso no fuera trasladado, como lo habían pedido dos de los implicados en el caso.

Posteriormente, fue abierto un nuevo expediente en Barranquilla, que permitió la captura de otros involucrados en el transporte del crudo robado.

En enero pasado fue radicado el escrito de acusación en contra de una serie de reconocidos empresarios y ejecutivos del sector. Sin embargo, solamente hasta el 19 de mayo, fue ordenada la incautación de una gran cantidad de bienes que están avaluados en 1.3 billones de pesos.

Dentro de las propiedades se encuentran Barcos, edificios, megalotes, casas de veraneo en Anapoima y un automóvil de alta gama que ya está en manos del Estado con el fin de tratar de recuperar aproximadamente 360.000 millones de pesos.

El escrito de acusación también indica que el petróleo venezolano de contrabando se traía al país para luego mezclarlo con el crudo que las organizaciones criminales implicadas (ELN) robaban del oleoducto Caño Limón-Coveñas.

Desde abril de 2022, algunos medios de comunicación venezolanos dieron a conocer publicaciones en la que se mencionaban los nombres de empresas colombianas que estaban vinculadas con la exportación ilegal de crudo de la estatal PDVSA, que luego era enviado como petróleo residual a Curazao y Panamá.

Posteriormente, el petróleo era enviado a Swiss Terminal de Barranquilla S.A.S. (de propiedad de Ashmore Management Fund), para ser mezclado con el que era robado y más adelante era exportado como crudo colombiano.

Otros lotes del crudo de PDVSA, que a la fecha también se encuentra en medio de un escándalo de corrupción, llegaban en camiones cisterna desde la frontera.

Ante estos hechos, agencias de Estados Unidos y la Interpol emitieron una alerta sobre las exportaciones, que no aparecían en registros de Ecopetrol.

Para el año 2021, ya se habían mencionado a las firmas presuntamente involucradas: Petroworld S.A.S., CI. La Operadora SAS y Krystal Energy SAS. Además, a los articuladores Gunvor Colombia y Niman Commerce S.A.S., de propiedad de reconocidos empresarios.

Uno de ellos es Hernando Silva Bickenbach, miembro de una reputada familia, y de quien aseguró a través de sus abogados que demostraría su inocencia y ausencia de participación en los hechos.

Por su parte, otro de los involucrados en el robo de crudo a Ecopetrol es Jaime Fernández Uribe, quien en el escrito de acusación es calificado como el comercializador de los turbios hidrocarburos. Así mismo hay otros implicados en este caso los cuales están siendo investigados por las autoridades.

Además, los investigadores indicaron que la cifra suministrada por el presidente Gustavo Petro en cuanto al monto del millonario saqueo a Ecopetrol es moderada ya que podría ser superior a los 500.000 millones de pesos mensuales durante años.