Ecopetrol rompió el silencio y se pronunció sobre el escándalo de contrabando de petróleo y hurto de hidrocarburos que involucra a 17 prestigiosos empresarios del país que son investigados por la Fiscalía General de la Nación por la operación ‘Bunkering Imperio’.
Por medio de un comunicado, la estatal dio detalles de lo que desarrolla desde hace un tiempo con las autoridades del país para combatir estas prácticas ilegales que, según el presidente Gustavo Petro, hicieron que esta dejara de percibir $360.000 millones en este caso.
En primer lugar, la compañía que ahora preside Ricardo Roa Barragán, precisó que trabaja de manera conjunta y articulada con las autoridades competentes para prevenir, controlar y perseguir el hurto de hidrocarburos, producto de lo cual ya se condenaron más de 400 personas, se ordenó la extinción de dominio de bienes y se logró el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a este delito.
Anotó que en los últimos meses Ecopetrol sostiene reuniones permanentes con las autoridades del Gobierno y de la fuerza pública (FF.MM. Ministerio de Defensa, Ministerio de Justicia, Dirección General de la Policía Nacional) para evaluar y definir estrategias conjuntas en contra de estas acciones delictivas.
De igual forma, precisó que desde hace varias décadas, en el marco del conflicto armado, la infraestructura de Ecopetrol sufre atentados terroristas y la instalación de válvulas ilícitas para el hurto sistemático de hidrocarburos, tal como se informó a las autoridades, a los medios de comunicación y al público en general.
“Desde 2013 hasta lo corrido del 2023, se han retirado 9.925 válvulas ilícitas en los sistemas de transporte del Grupo Ecopetrol; en este mismo periodo, Ecopetrol ha sido víctima de 1.607 atentados terroristas contra su infraestructura de transporte, por parte de grupos armados particularmente del ELN”, indicó la estatal.
También recordó que en un comunicado del 25 de julio de 2022 se informó que desde el año 2021 el Grupo Ecopetrol trabaja de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional (Dijin) en la investigación de la que hoy dan cuenta los medios de comunicación y que vincula a varias compañías y personas comprometidas en el hurto y contrabando de hidrocarburos.
Enfatizó en que desde 2022 se dio por terminada la relación comercial con la única empresa involucrada en la operación ‘Bunkering Imperio’ con la que tenía contratos. Adicionalmente, que contrató una reconocida firma internacional que luego de adelantar las verificaciones no encontró indicios sobre la participación de funcionarios del Grupo Ecopetrol en estos actos ilícitos.
Remarcó que junto a Cenit y el Oleoducto de Colombia fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal. Además, que ninguna de las personas vinculadas a esta investigación son funcionarios del grupo Ecopetrol.
Asimismo, la petrolera manifestó que seguirá con el desarrollo de las auditorías necesarias y el apoyo a las autoridades en todas las investigaciones correspondientes para proteger todos los activos y negocios de estos actos delincuenciales, que a todas luces van en detrimento de Ecopetrol, de sus accionistas y de todo el país.
Así operaba la estructura responsable del multimillonario robo de combustible a Ecopetrol
Los responsables de estos actos serán imputados por los delitos de concierto para delinquir, contrabando de hidrocarburos, falsedad de documento público y receptación.
Así lo detalla un documento de la Fiscalía, que reveló El Tiempo, en el que se señala al representante legal de Niman Commerce S.A.S, Hernando Silva Bickenbach, como el principal articulador del negocio ilegal. Según las pesquisas, el sindicado tenía conocimiento de que su empresa no estaba avalada por el Ministerio de Minas y Energía para comercializar crudo, pero, aun así, su nombre aparece como uno de los mayores proveedores del hidrocarburo a otra de las empresas vinculadas en el escándalo: Gunvor Group.
Por esta segunda empresa estaría vinculado a la investigación Roger Gale Gutiérrez, directivo de la compañía y señalado de ser el presunto responsable de ingresar el crudo al país, a través de la empresa C.I. La Operadora S.A.S.
Según la investigación de la Fiscalía, Gutiérrez diseñó la estrategia para no ser detectado por las autoridades colombianas y luego exportarlo en cargamentos superiores a los 1.000 galones, haciéndolo pasar como un producto importado de crudo residual, cuando en realidad se trataba de crudo liviano.
La investigación del ente condenatorio también salpica a la exsubgerente de Swiss Terminal Barranquilla Paola Margarita Martínez.
La empresa, presuntamente, sirvió como centro de almacenamiento del crudo ilegal y sus derivados en una de sus bodegas ubicada en la Zona Franca de Barranquilla. El material probatorio conduciría a que Martínez tuvo negociaciones directas con Silva Bickenbach, para encontrar la forma de fortalecer el negocio ilícito de la compañía delincuencial llamada “Bukering Imperio”, desde la que se entramó todo el contrabando.
La investigación realizada por la Dijín, la Fiscalía, inteligencia de la Armada y efectivos de la Unidad de información y Análisis Financiero de Colombia (Uiaf) estableció que la principal forma de robo del crudo era a través del ‘barbacheo’, que consistía en la instalación de válvulas en las redes de los oleoductos del país.
Luego de instalar las válvulas en los viaductos, los delincuentes se conectaban al suministro de petróleo a través de camiones cisterna con capacidad de 12.000 galones, que lo llevaban hasta las empresas encargadas de recibirlo y procesarlo para combinarlo con hidrocarburos lícitos para comercializarlo.