Programa de Alimentación Escolar en Cauca: SIC abrió investigación por presunta restricción a la libre competencia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió investigación y formuló pliego de cargos contra tres asociaciones que participaron como proponentes en seis procesos de contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento del Cauca.

La investigación, resultado de una demanda interpuesta por la Gobernación del Cauca, involucra a la Asociación de Servicios Integrales para la Comunidad (Asipcom), la Asociación de Padres de Familia del Restaurante Escolar de la zona centro del Tambo (Asotambo) y a la Asociación de Padres de Familia de los Restaurantes Escolares del municipio de Popayán (Asopopayán).

Adicionalmente, la investigación se dirige contra cinco personas naturales vinculadas con dichas asociaciones.

Según el ente de vigilancia, el objetivo de la investigación es determinar si las tres asociaciones habrían incurrido en una presunta restricción a la libre competencia con el propósito de incrementar ilegítimamente su probabilidad de resultar adjudicatarias de los contratos, perjudicando a los demás proponentes y los propósitos del PAE.

A partir de la información suministrada por la Gobernación del departamento, el Grupo Élite contra Colusiones de la Superintendencia de Industria y Comercio concluyó que la restricción de la libre competencia no se habría limitado al caso denunciado, sino también se habría extendido a cinco procesos de contratación adicionales, que suman más de $50.000 millones.

Dentro de las pruebas que recaudó la Superindustria, en la etapa preliminar de la investigación, encontró que las asociaciones habrían llevado a cabo un acuerdo restrictivo de competencia (colusión), acordando previamente las zonas que se iban a presentar y repartiéndose geográficamente el mercado en cada proceso de selección.

Dichas acciones tendrían repercusiones graves en el proceso de adjudicación de contratos del PAE en el departamento del Cauca, toda vez que se podrían perjudicar los objetivos fundamentales del programa, como el de promover la salud de los niños, niñas y adolescentes y combatir la deserción escolar.

De acuerdo con la investigación adelantada, estas conductas restrictivas de la libre competencia no involucran a funcionarios públicos de la Gobernación del Cauca.

La Superindustria indicó que las personas investigadas tendrán el derecho a la legítima defensa y se llegará a una decisión definitiva luego de que se desarrolle toda la investigación administrativa, pues lo que se adelanta hasta ahora, es la etapa preliminar.

La Contraloría General de la República alertó que más de 354.000 niños no estarían recibiendo alimentación, después de tres semanas de haber regresado a clases, por parte de la entidad encargada de prestar este servicio, que es el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Según el ente de control, el problema radicaría en la falta de planeación de algunas Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

El ente de control encontró que más de 215.000 estudiantes de las ETC de Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito no han recibido su servicio de alimentación desde que regresaron a clases, pese a que ya tienen asignación presupuestal para ello.

En Caquetá, son 37.000 niños afectados por la falta de recursos para la continuación del programa; en Cauca, Córdoba y Pitalito son más de 11.000, 156.000 y 10.000, respectivamente. También en Magdalena, el PAE suspendió su servicio desde el 23 de marzo, afectando a más de 99.000 estudiantes, a pesar de que desde junio ya tiene un contrato adjudicado. Una situación similar se vive en La Guajira, donde hay afectados más de 1.200 estudiantes.

Por lo anterior, hizo varios llamados de atención para que las Entidades Territoriales cumplan con los principios de planeación estipulados en la normatividad vigente y así se garantice la contratación oportuna del PAE.