Qué está buscando la Contraloría General en la Universidad Militar Nueva Granada: el ente de control ordenó una auditoría

Continúan los problemas para la Universidad Militar y su rector, el general retirado Luis Fernando Puentes. En las primeras horas del miércoles 26 de julio, la Contraloría General anunció una auditoría a la institución, sumándose así a las acusaciones generadas por irregularidades contractuales y a las investigaciones que adelantan la Fiscalía y la Procuraduría.

En un documento dado a conocer por revista Semana se informa que con la medida se pretende establecer los gastos e inversiones de la universidad el año pasado (2022), periodo en el que se revelaron las denuncias de los sindicatos.

En el documento de notificación se menciona: “Realizar Auditoría Financiera con el fin de vigilar la gestión fiscal que se adelantó en la vigencia 2022 en cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno nacional a la entidad”.

1. Evaluar los estados financieros de la Universidad Militar hasta diciembre de 2022, teniendo en cuenta el marco legal del caso.
2. Verificar la información presupuestal de la institución para confirmar los datos certeros y de esta manera dar una opinión correspondiente. Dando prioridad al manejo financiero en la “implementación y ejecución de la política pública de las personas con discapacidad y/o para educación inclusiva”.

Esta durará aproximadamente cinco meses y en este tiempo, según informa el órgano, la Universidad Militar debe entregar toda la documentación que se requiera para establecer su hubo o no irregularidades con los recursos públicos.

“Para el cumplimiento de los objetivos y los términos de referencia establecidos en nuestra programación, solicitamos la oportuna colaboración del personal de la Universidad, mediante el fluido suministro de la información que soliciten los auditores y demás requerimientos relacionados con el trabajo asignado”, indicó la Contraloría.

El órgano de control fiscal advirtió que el rector Luis Fernando Puentes debe colaborar con el proceso y de no hacerlo debe encarar los protocolos y las normas que están fijadas por la ley para este tipo de actuaciones. “Se procederá de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99 y al 104 de la Ley 42 de 1993 (...)″.

El 20 de junio del 2023 la Procuraduría vinculó a 10 funcionarios de la Universidad Militar en la investigación que adelanta contra el rector, el brigadier general Luis Fernando Puentes Torres, y a su equipo, por presuntas irregularidades en la ejecución financiera y avance físico de dos proyectos de infraestructura por más de $9.500 millones.

El primer proyecto contó con la autorización del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, por $5.162 millones, estuvo relacionado con el fortalecimiento de capacidades instaladas en ciencia y tecnología, infraestructura y equipos del laboratorio de diagnóstico, ubicado en el campus de la universidad, para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana.

Aunque el proyecto de infraestructura fue aprobado el 15 de mayo de 2020, con el fin de aportar en la investigación relacionada con la pandemia de covid-19, hasta la fecha la obra presenta un avance físico del 30,4% y un avance financiero de 30,19%.

El segundo proyecto, por $4.297 millones, es el laboratorio de la facultad de Medicina, cuya construcción y adecuación también fue autorizada por el Ocad Ciencia y Tecnología el 15 de mayo de 2020.

La obra habría sido contratada sin licitación, con la Federación de Asociaciones de Profesionales Egresados de la Universidad Militar, Fedegranadinos, y presenta solo 23% de avance físico y el 36,25% de ejecución financiera, a pesar de que el plazo de entrega era febrero de 2022.

Además del retraso en la construcción de los dos proyectos, el Ministerio Público encontró irregularidades en las etapas de planeación y ejecución de las obras. Dentro de las fallas halló una desactualización de los estudios y diseños previos a las construcciones, suspensiones de obra injustificadas, descuentos no permitidos a los anticipos entregados e incumplimientos reiterados frente al manual de contratación de la universidad.

Con las pruebas recaudadas, la Procuraduría decidió prorrogar el término de la investigación por seis meses y vincular a otros 10 funcionarios, entre los que se encuentran: Gustavo Enrique Becerra, vicerrector del campus, Henry Mejía Suescún, jefe de la división de laboratorios, y Máximo Alberto Duque Piedrahita, exdirector de Medicina Legal y actual asesor de la universidad, encargado de la supervisión de los contratos.

Luego de la elección del general en retiro Javier Ayala para fungir como nuevo rector de la Universidad Militar de Bogotá, se conoció que el saliente rector de la institución, el general en retiro (r) Luis Fernando Puentes, tiene una serie de denuncias por dar un beneficio en el costo de la matrícula a su hijo, mientras aún estaba al frente de la institución.

En una resolución firmada por el mismo general Puentes, se incluyó el nombre de su hijo -estudiante de dermatología en la Universidad Militar- para recibir un incentivo en el pago de su matrícula junto a otros 37 compañeros.

El joven no debía aparecer allí porque al ser hijo de un general en retiro ya contaba con algunos beneficios en su matrícula, y al ser familiar del saliente rector de la universidad debería existir un impedimento.

Además a través de la misma resolución el estudiante de dermatología se convirtió en jefe de residentes de esa especialidad en la Universidad Militar, cuando se desconoce dónde el joven habría terminado sus prácticas, luego de que presentara inconvenientes con los docentes de las mismas.