Nuevamente corre riesgo la curul N° 12 de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) que ocupa Jorge Rodrigo Tovar, hijo del excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo reconocido como Jorge 40. Se conoció que el representante de las víctimas, Andrés Felipe Palmezano, interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar su elección.
De acuerdo a lo puntualizado en la demanda, grupos paramilitares habrían presionado tanto a candidatos como a electores de los departamentos de Cesar, La Guajira y el Magdalena, para beneficiar a Rodrigo Tovar en su aspiración política. De igual manera, se mencionó en el documento que hubo 54 amenazas por parte de las Autodefensas Gaitanistas en los puntos de votación.
“En el departamento de La Guajira, concretamente en el corregimiento de Consejo, jurisdicción de Fonseca, le fue prohibido por grupos armados ilegales a todos los candidatos realizar actividades de campaña, porque el candidato era Yoyo Tovar”, se aprecia en la demanda que reposa en el alto tribunal.
De igual manera, se informa en el documento de la demanda que las presuntas presiones de los grupos paramilitares durante los meses de campaña en el 2022 no solo fueron para los candidatos; también a los electores les indicaron el supuesto requerimiento de votar por el hijo del excomandante de las AUC. Otro de los puntos señalados es que desplegaron retenes el día de las elecciones y solamente les dieron paso a las personas que iban a elegir en las urnas al hijo de Jorge 40.
“Manifiesta el mismo ciudadano que grupos armados ilegales se tomaron la finca El Progreso de la Vereda el limón desde el 11 de marzo indicándole a los pobladores de la zona que tenían que votar por Yoyo Tovar, y que concretamente el día 13 de marzo no solo obligaban a votar por el señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, sino que, además impedían el paso de aquellas personas a las que habiéndoles preguntado previamente ¿por quién iban a votar? - si el interrogado decía un nombre distinto al de Yoyo Tovar los devolvían de la finca pues la misma está situada en un punto estratégico para llegar al puesto de votación”, se lee en el documento.
El Consejo de Estado tendrá que dar próximamente una respuesta a la demanda, la cual señala que alrededor del 50% de la circunscripción sufrió intimidación de manera individual o colectiva.
La Fiscalía le quitó bienes a la esposa de <i>Jorge 40</i>
Tres propiedades a nombre de la esposa del exlíder paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40, fueron confiscadas por la Fiscalía tras un fallo de la Sala de Control de Garantías de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla.
De acuerdo con el ente acusador, las propiedades ubicadas en Valledupar (Cesar) estaban avaluados en más de 5.000 millones de pesos y figuraban a nombre de la esposa del exlíder del bloque norte de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia.
Jorge 40 usó a su esposa para como parte de una maniobra de ocultamiento del patrimonio ilícito, con la que buscaba que no le interpusieran extinción de dominio a la finca El Mamón, que tiene una extensión de 150 hectáreas y está avaluada en más de 2.600 millones de pesos.
Según la Fiscalía, la finca “sirvió de centro de entrenamiento para las estructuras paramilitares que delinquieron en esa zona del país”, tal y como quedó acreditado en la condena contra el comandante paramilitar Salvatore Mancuso Gómez y de otros once condenados más.
El ente acusador indicó que las otras dos propiedades de Rodrigo Tovar Pupo están ubicadas en la zona urbana de la capital del Cesar y tienen un valor aproximado de 2.120 millones de pesos.
“La labor investigativa realizada por el Grupo de Persecución de Bienes de la Dirección de Justicia Transicional permitió establecer que los mencionados bienes, al parecer, fueron adquiridos con dineros producto de las actividades ilegales del Bloque Norte de las AUC”, puntualizó la Fiscalía.
La entidad de la rama judicial indicó que los predios fueron embargados y serán entregados al Fondo para la Reparación a las Víctimas, entidad encargada de administrar y monetizar los bienes e inmuebles y recursos que a cualquier título entreguen las personas o grupos armados ilegales.
Los recursos obtenidos por el Fondo para la Reparación a las Víctimas son destinados a pagar las sentencias de los procesos de reparación integral a favor de las víctimas del conflicto armado, de los procesos de Justicia y Paz de la Justicia Transicional.