Estos son los alcaldes y gobernadores que no alcanzaron a culminar su periodo en este cuatrienio

El próximo 31 de diciembre de 2023 culmina el periodo de los mandatarios locales en Colombia, que fueron electos en octubre de 2019 y que asumieron su cargo el 1 de enero de 2020, sin embargo, algunos de los elegidos dejaron su cargo mucho antes de cumplir su cuatrienio.

Uno de los primeros en dejar su cargo fue el gobernador de Arauca, José Facundo Castillo, que ocupaba por segunda vez este cargo, sin embargo, estuvo hasta el 20 de octubre de 2021, porque la Fiscalía lo acusó de tener presuntos nexos con el ELN y la Procuraduría, por supuestas irregularidades en contratación durante su primer periodo al frente del departamento.

Ante esta situación, fue designada por encargo Erika Parales Pérez, mientras se definía el nombre del gobernador. En febrero de 2022 fue nombrada por la administración del presidente Iván Duque Indira Luz Barrios, de una terna que presentó el partido Cambio Radical.

Luego de una denuncia presentada por la representante a la Cámara por ese departamento Lina María Garrido y el diputado de Arauca, Wilinton Rodríguez Benavides, el Ministerio del Interior emitió un decreto en el que oficializó la salida de Barrios como gobernadora. Todo porque se comprobó que la funcionaria había hecho un viaje a Cancún (México) sin la debida autorización.

En julio de 2022, la Corte Constitucional confirmó la decisión del Consejo de Estado y destituyó a Nemesio Raúl Roys Garzón, que había sido elegido gobernador de La Guajira por considerar que este incurrió en doble militancia.

El alto tribunal argumentó que, efectivamente, Garzón incurrió en doble militancia, pues “se encontró demostrado que el diputado apoyó públicamente a un candidato avalado por una coalición de la que no formaba parte su partido para las elecciones del Gobernador de Tolima”.

Nemesio Raúl Roys Garzón fue elegido como gobernador de La Guajira, inscrito como candidato único a la gobernación por la coalición Cambio por La Guajira, conformada por los partidos Conservador, Cambio Radical, Colombia Renaciente y Social de Unidad Nacional.

No obstante, la Sección Quinta del Consejo de Estado encontró que Nemesio realizó manifestaciones de apoyo a Gerardo Abel Cujia Mendoza y Euclides Manuel Redondo Peralta, candidatos a las alcaldías de Uribia y Riohacha, respectivamente, quienes pertenecían a agrupaciones políticas distintas a su partido de origen.

El pasado 11 de julio, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por ocho años al gobernador de Vichada, Álvaro Arley León Flórez, que suscribió un contrato por más de $1.700 millones con una persona que estaba inhabilitada por haber realizado aportes a su campaña electoral a la gobernación.

El ente disciplinario estableció que el mandatario contrató de manera directa el suministro de mercados durante la emergencia por covid 19, con un particular que se encontraba inhabilitado para contratar con esta entidad departamental por haber contribuido a financiar la campaña del hoy gobernador.

La Procuraduría señaló que “el valor máximo que podía aportar un particular, fuera persona natural o jurídica, era la suma de $22.096,965 pesos como cifra tope para no generar la inhabilidad para contratar con la Gobernación de Vichada”. En este caso, el valor aportado superó los $40 millones.

Durante este periodo se presentaron tres procesos de revocatoria del mandato de alcaldes: Susa (Cundinamarca); Cúcuta (Norte de Santander), y Aguachica (Cesar).

De estos, fue revocado el mandato a la alcaldesa de Susa, Ximena Ballesteros Castillo, de esta manera es la segunda vez que se cae un mandatario desde 1996, cuando se comenzó a aplicar la figura de la revocatoria. La primera fue en 2018 en el municipio de Tasco (Boyacá), que determinó la salida del alcalde.

Mientras que en Aguachica y Cúcuta no fructificaron los procesos porque no lograron el umbral de participación del 40% de la votación válida total el día de la elección.

Vale señalar que hubo 143 iniciativas de revocatoria que fueron inscritas ante la Registraduría Nacional, 140 corresponden a alcaldes municipales y distritales, así como a tres gobernadores: Clara Luz Roldán, del Valle del Cauca; Carlos Caicedo, del Magdalena; y Salomón Sanabria, de Casanare.

El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, fue destituido por la Procuraduría General de la Nación en primera instancia por 10 años para ejercer cargos públicos, por lo cual el mandatario apeló la decisión.

Según indicó la Procuraduría, el alcalde realizó la contratación para el suministro de alimentos de diferentes sectores de población en 2020, con miras a enfrentar la pandemia de covid-19, al parecer se presentaron sobrecostos en esta solicitud. En la actualidad Muñoz sigue ejerciendo como el mandatario en la capital del Huila.

Infobae Colombia consultó al analista político de la Universidad Central Jorge Yarce, que aseguró que las revocatorias tienen un antecedente y es la atomización de los partidos y movimientos políticos porque esto ha hecho más difícil la conformación de mayorías dentro de los gobiernos tanto locales como nacionales y a su vez eso genera una dificultad para generar la gobernanza en los territorios.

“Así, el que gana no lo hace con verdaderas mayorías y los derrotados se conforman en una gran mayoría opositora a torpedear la gestión, al punto de establecer estos tipos de procesos”, sostuvo Yarce.

Igual recordó que la revocatoria tiene un fundamento y es el incumplimiento del plan del gobierno. “De ahí es donde debe surtir toda iniciativa de carácter popular que persiga la revocatoria del mandato y es ahí donde ha fallado”, señala.

Así mismo, explicó que “como es un mecanismo con el que se ha intentado, pero con el que se ha logrado poco, cada vez que se intenta surgen nuevas medidas, contradicción judicial, evaluación jurisprudencial y eso empieza a que el proceso sea lento y tortuoso para que no llegue en los tiempos en que sería útil”.

Sobre las razones por las cuales se inscriben candidatos con problemas judiciales, el analista expresó que los ciudadanos tienen el derecho al debido proceso y este termina cuando se han agotado todas las acciones posibles para defenderse.

“Entonces, si se tiene una primera instancia en cualquier sentido, penal, administrativa o disciplinaria, pero no hay una sentencia en firme, aún es susceptible de cualquiera de los recursos, según las etapas como la apelación, dependiendo del momento procesal en que se encuentre”.

De esta manera, un candidato que tenga hoy una sentencia de primera instancia de cualquier índole, se puede presentar porque está el proceso abierto y aún ejerce sus derechos de legítima defensa, reiteró Yarce.

Por último. afirmó, “¿qué debería haber un elemento que lo prohíba? Claro. Pero eso también coarta el derecho a la participación política y al ejercicio de los derechos políticos dentro del marco de la Constitución.