En Cali, los negocios de comercio nocturno han sido los más afectados por los operativos de la Alcaldía, debido al alto nivel de ruido que emiten por la música.
La administración local llevó a cabo cierres de establecimientos comerciales que no cumplieron con las normas establecidas para el funcionamiento de estos negocios.
El proceso para establecer un negocio de este tipo no es sencillo, ya que los comerciantes deben consultar los usos posibles para el predio donde desean montar el establecimiento y atender los condicionantes establecidos para que sea posible su funcionamiento.
Para algunos usos, como el expendio de bebidas alcohólicas al interior de los establecimientos, se exige un Esquema de Implantación y Regularización (EIR); el instrumento de programación aprobado por la Secretaría Distrital de Planeación.
La directora encargada del Departamento de Planeación de Cali, Viviana Montaño, dejó claro que estas normas no son un capricho de la Alcaldía, sino una cuestión de convivencia y seguridad ciudadana, pues tienen el objetivo de salvar vidas y mantener el orden en la ciudad, de acuerdo con El País de Cali.
De acuerdo con lo mencionado por el medio en mención, algunos empresarios como Alfonso Muñoz Cárdenas, propietario del establecimiento PilRose, se vio afectado por los cierres y crítica que la norma presenta vacíos jurídicos.
Algunos de los establecimientos comerciales que están siendo objeto de requerimientos incluyen aquellos en los que los habitantes de Cali han disfrutado de sus noches de diversión en la ciudad, tales como Quickly Shots en Granada, Bailatino, La Topa Tolondra, La Pérgola Clandestina, y otros más.
Durante un control político, según el concejal Juan Martín Bravo, la ley (1801 del 2016) no permite la solicitud de documentos adicionales ni el cierre de los negocios, por lo que él considera que se está actuando de manera injusta, además, el concejal Bravo denunció casos de corrupción, donde los inspectores piden dinero a los propietarios de algunos negocios para permitirles operar sin cumplir con la documentación necesaria.
“Las visitas a estos establecimientos las hacen los Inspectores de Policía, que exigen los requisitos, incluidos el EIR y la Licencia de Construcción, por tanto, al no tener estos elementos, se procede al cierre. Pero la petición de más requisitos no estaría permitida para las autoridades”.
La implementación de la norma también fue objeto de críticas debido a las presuntas inconsistencias en su aplicación, de acuerdo con las denuncias de los medios locales de la capital vallecaucana. Se han presentado casos en los que se exigen diferentes requisitos para el cierre de establecimientos similares, lo que genera confusión y descontento entre los comerciantes.
Durante el debate, otros concejales como Juan Manuel Chicango y Henry Peláez también expresaron sus preocupaciones.
Chicango planteó la necesidad de revisar en el futuro si el documento EIR realmente beneficia a la ciudad, mientras que Peláez cuestiona si la norma se aplica de manera equitativa para todos los negocios, ya que la mayoría no la cumpliría si se aplicara rigurosamente.
De igual manera, Peláez preguntó: “¿Qué pasaría si esta exigencia se aplicará a todo el comercio en la ciudad, qué nos quedaría funcionando en el Distrito?”. Para el cabildante, el desarrollo de la actividad comercial se da en la medida que los emprendimientos crecen.
“Cuando el uso es mixto, se consiente la actividad residencial y comercial, por tanto, los ajustes se hacen en las edificaciones. Sin embargo, vale la pena revisar el cierre de los establecimientos La Purga, Ruta 23 y Bill Rose que fueron cerrados, a juicio de los inspectores de policía”, agregó el concejal
Ante estas denuncias, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, negó categóricamente el hecho:
“Nosotros no hemos cerrado ningún negocio por licencia porque la Secretaría de Seguridad ni el inspector de Policía piden licencia, lo que se pide es el cumplimiento de las normas referentes al uso del suelo”, aseguró el secretario.
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