Con video tratan de calmar polémica por aumento salarial de congresistas: ¿Gustavo Petro se lavó las manos?

El aumento de 14,62% en el salario de los 108 senadores y los 188 representantes a la Cámara quedó en firme el martes 25 de julio de 2023, luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, firmara el decreto 1219 de 2023, con el que se reglamentó este reajuste, de índole retroactivo.

“A partir del 1 de enero de 2023, la asignación mensual de los miembros del Congreso de la República se reajustará en catorce punto sesenta y dos por ciento (14.62 %)”, se leyó en el documento en el que el jefe de Estado estampó su rúbrica; lo que desató una fuerte polémica.

Y es que con un aumento de $5.538.117, el salario de los miembros del legislativo pasó de $37.880.418 a $43.418.535. Esta determinación causó controversia y duros señalamientos al Gobierno, por legalizar esta determinación. Que adjudican al mandatario, cuando en realidad no sería así.

Tras el revuelo que se gestó con la firma del decreto con el que quedó establecido el notable incremento, en las redes sociales de la Presidencia de la República se publicó una pieza audiovisual con la que intentaron “bajar la temperatura” y sacar en limpio al jefe de Estado.

En el video, que dura 52 segundos, se explica que –contrario a lo que pudiera ser el deseo del mandatario– es un deber constitucional hacer ese aumento en cada vigencia.

“¿Sabías qué el aumento salarial de los congresistas no es una decisión del presidente de la República?”, se escuchó en el clip, en el que se utilizaron planos del Capitolio Nacional. Acto seguido, se explica que el aumento se debe a lo dispuesto en el artículo 187 de la Constitución Política.

En el mencionado artículo, se menciona que “La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”. Apoyado en la ley 644 de 2001.

En el video se explica que al ser un acto jurídico vigente, es obligación del presidente firmar el decreto que establezca este incremento; so pena de incurrir en prevaricato.

Con respecto a esta polémica, el expresidente de la Cámara de Representantes David Racero salió en defensa del mandatario y en su cuenta de Twitter, con cinco puntos, dio su concepto de esta situación. Y le endilgó la responsabilidad a sus propios compañeros de corporación.

“Lamentable, y aunque nos genere mucha molestia, si el presidente no cumple estaría cometiendo una ilegalidad”, advirtió Racero, que la única solución para que estos “excesos” no se sigan registrando es que los congresistas procedan a modificar la ley.

Destacó que, en su caso, dona parte de su salario a causas sociales, y lo seguirá haciendo hasta que se establezca una reducción de salarios. E hizo un llamado para que en los comicios de 2016, los congresistas alternativos deben aumentar en las próximas elecciones, “para invertir la correlación de fuerzas”.

Solo en sueldos, el Estado debe destinar 12.851 millones de pesos al año para cumplir con esta obligación. Mientras que para 2022 el aumento fue del 7,26%, en 2023 incrementó en 14,62%; en una fórmula en la que se tiene en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en 2022, más un 1,5% acordado entre las partes.

Pese a que se han hecho múltiples intentos para congelar, e incluso, congelar el sueldo de los senadores y representantes a la Cámara, las iniciativas no han prosperado. La última de ellas, la lideró el congresista Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe Hernández: que fue aprobada en la Comisión Primera, el 25 de abril de 2023, luego se hundió en la plenaria.

En los últimos 30 años, más de 20 intentos han fracasado en el legislativo, propuestos desde diferentes sectores, incluido el Centro Democrático, ante lo que sería la falta de voluntad política de los congresistas.