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Frente a la incertidumbre que generan en el sector arrocero los excedentes de cosecha que vendrán en el segundo semestre de 2023, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural expidió la resolución que reglamenta el programa de incentivo para el manejo de dichos excedentes. Esto, con el objetivo de mitigar las variaciones en los precios y los impactos en los ingresos de los agricultores.
Anexo a la resolución también se expidió el manual operativo en el que quedaron estipuladas las condiciones del programa al que para este año el Ministerio destinó $25.000 millones.
El pago a los beneficiarios será de $39.900 por tonelada almacenada y hasta por un máximo de tres meses. Se otorgará durante el segundo semestre del año, hasta el 31 de diciembre de 2023, o hasta que se agoten los recursos, lo que suceda primero. Este año, el volumen máximo almacenado a apoyar con el programa es de 170.000 toneladas, de las cuales 100.000 son para los cultivadores de arroz y 70.000 son para los compradores.
Si bien el Ministerio de Agricultura no puede intervenir en el mercado y fijar el precio, el programa establece un precio piso de referencia para quienes se acojan a él. Así, las compras de arroz se deberán efectuar al siguiente precio por tonelada:
Así las cosas, las zonas de compra con precio más alto serán la de Ibagué ($1.688.000) y Valle del Cauca (1.688.000).
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La resolución que reglamenta el programa fue expedida por el Ministerio de Agricultura luego de más de un mes de conversaciones y encuentros con todos los actores del sector arrocero, tanto la industria como los productores.
“Después de escuchar por más de cinco semanas a la industria, a las dignidades, a Fedearroz, y de revisar todas las cifras, se llega a esta resolución que favorece a todas las partes y contribuirá a que los productores no se vean afectados por los excedentes generados para el segundo semestre”, resaltó la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Aura Duarte.
A lo largo de dichos encuentros, el ministerio reiteró que el objetivo en el sector debe ser avanzar en el Plan de Ordenamiento del Arroz que permita hacer transformaciones estructurales y no destinar los recursos a un incentivo.
La preocupación de los arroceros
Es de anotar que antes de conocerse la resolución que estableció el incentivo, el presidente de la Junta Directiva de la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), Alberto Mejía Fortich, y los representantes de los comités de arroceros del gremio en Ibagué, Venadillo, El Espinal y Saldaña expresaron una gran preocupación por la situación por la que atraviesa el sector arrocero del Tolima y del país.
Según ellos, esta se agravó por la falta de cumplimiento a los compromisos asumidos por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
“A pesar de lo delicada de la situación y de diversas acciones llevadas a cabo tanto en Bogotá, como en las regiones, no se concreta en resultados las manifestaciones hechas por la señora ministra Jhenifer Mojica, de quien se espera la resolución que establezca los precios para la compra de la cosecha cuya recolección ya se inició”, expresaron.
Anotaron que con esta falta de resultados el Ministerio de Agricultura deja que la industria compre a precios bajos, los cuales no cubren los costos de producción en que incurrieron los agricultores durante el ciclo del cultivo, lo cual genera enormes pérdidas.
“Una vez más solicitamos una respuesta inmediata a las peticiones que reiteradamente ha hecho el gremio. De igual manera, nos unimos al clamor y al movimiento que productores del Casanare y Meta están llevando a cabo, pues refleja la grave situación que está afectando a todos los productores del país”, señalaron.
