La Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció medidas cautelares para la protección de los cementerios municipales de Carepa y Mutatá, en Antioquia, ante la posible presencia de cuerpos inhumados en esos lugares durante el conflicto armado tras ser víctimas de desaparición forzada.
De acuerdo con el auto emitido durante el lunes 24 de julio, esta medida implica una suspensión indefinida de las obras de construcción y remodelación que se puedan adelantar en esos sitios, y que puedan significar un riesgo de afectación en áreas de interés forense donde reposan cuerpos de personas no identificadas.
Esta medida tendrá una duración de seis meses y estarán involucradas autoridades del orden local y nacional, así como la Diócesis de Apartadó y la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Mutatá. Estas, según la Sala, deben desplegar sus competencias para el cumplimiento de esta orden con relación “a la prospección, recuperación, exhumación de los cuerpos esqueletizados o estructuras óseas inhumados en condición de no identificación en los Cementerios de Carepa y Mutatá”.
A esas instancias les fueron ordenadas, en calidad de administradoras del camposanto, la abstención de ordenar o autorizar las obras de construcción o remodelación que se puedan ejecutar allí y que afecten los puntos georreferenciados por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) del tribunal en junio de 2023.
Justamente, la también denominada ‘Fiscalía de la JEP’ tendrá que realizar en los seis meses posteriores a la promulgación del auto una diligencia de prospección, recuperación y exhumación de los cuerpos o estructuras óseas que no han sido identificadas. Los restos serán entregados a la seccional Antioquia del Instituto de Medicina Legal para los estudios correspondientes al reconocimiento de las víctimas.
La JEP tuvo en cuenta información aportada por los comparecientes Efraín Enrique Prada y Jaime Coral Trujillo con relación a la desaparición y posterior asesinato de Harvey Cañas Cano. En los testimonios, precisaron que el cuerpo habría sido enterrado en un área de interés forense en el cementerio de Carepa.
En este sitio, de acuerdo con la Sala de Reconocimiento, “se podría encontrar un número indeterminado de cuerpos de excombatientes y civiles desaparecidos durante el conflicto armado, en el Urabá Antioqueño y otras modalidades de muertes violentas, durante el periodo comprendido entre 1986 y 2016”.
Con respecto al cementerio de Mutatá, la solicitud de las medidas cautelares tiene como primer objetivo la protección de los derechos de familiares de víctimas del conflicto armado y de las acreditadas en el macrocaso 04 que prioriza la situación territorial en Urabá. En ese sitio y en el de Carepa, habría restos del hijo de uno de los familiares acreditados ante el tribunal.
Ante ese panorama, la Jurisdicción Especial para la Paz consideró como urgente el anuncio de las medidas cautelares por dos razones. La primera es que existe “un riesgo inminente” de que los restos que estarían enterrados en las fosas sean alterados, destruidos, modificados y desaparecidos debido a los trabajos de construcción.
El segundo motivo está centrado en las afectaciones que habría sobre las víctimas en caso de que los cuerpos y los lugares donde fueron inhumados sean alterados. Sobre ellos “podría extenderse indefinidamente la situación de incertidumbre respecto al paradero de sus familiares, por lo que es preciso de manera provisional adoptar medidas encaminadas a la salvaguarda de estos”.
En las diligencias de inspección participará también la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas con el acompañamiento de la Gobernación de Antioquia, la UIA de la JEP, la Procuraduría delegada ante este tribunal, Medicina Legal, las alcaldías municipales de Carepa y Mutatá y la Policía Nacional.