Álvaro Uribe explicó las razones por las que el fallo de La Haya emitido en 2012 es inaplicable

En un documento expuso, entre otros motivos, que la Corte Internacional de Justicia “violó el principio de los elementos sociales en la consideración de la equidad” al quitar el derecho de los raizales a la pesca artesanal

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El expresidente de Colombia (foto)
El expresidente de Colombia (foto) cuestionó el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia en noviembre de 2012 contra Colombia. REUTERS/Luisa González

A través de un extenso pronunciamiento, el expresidente Álvaro Uribe explicó las razones por que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitido en 2012 contra Colombia y por el cual el país perdió parte del mar territorial ante Nicaragua debió declararse inaplicable.

El exmandatario expuso doce motivos por los cuales la decisión proferida por La Haya no se podía aplicar. El primero, según él, fue porque aquella determinación desconoció el Uti possidetis iuris —como poseéis, seguiréis poseyendo— entendido como el mecanismo instaurado por Simón Bolívar después de la Independencia para que los límites fijados por la corona española respecto del título sobre el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fueran respetados “sin excluir porciones del mar”, de acuerdo con Uribe.

Como segundo argumento, explicó que el Protocolo de Intercambio de Ratificaciones del Tratado Esguerra-Bárcenas —firmado en marzo de 1928 en Managua— establece que la extensión del archipiélago va al oeste y hasta el Meridiano 82.

Según Uribe, el segundo párrafo del tratado que explica este apartado “no se restringe al territorio insular, sino que comprende todo el Archipiélago. Las partes no distinguieron entre límite de aguas y límite de islas”. Además, sostuvo que la CIJ no tuvo en cuenta el hecho de que el Meridiano 82 coincide con el mar, por lo que pudo entenderse que “el límite fijado era integral; esto es de suelo, mar y espacio aéreo”, añadió.

En otro de los puntos, el expresidente sostuvo que el tribunal internacional violó el principio de los elementos sociales en la consideración de la equidad. Al respecto, agregó que la Corte “pretendió despojar a Colombia de una porción de mar” que fue principal fuente de trabajo de pescadores raizales de la Región Insular.

Sobre esto, también explicó que La Haya no tuvo en cuenta el derecho natural de los pescadores raizales para ejercer la pesca artesanal “en cualquier mar de su vecindad” y que para ello no se necesita la firma de un nuevo tratado con Nicaragua.

“Colombia, en aras de equidad, renunció al título que tenía sobre las Islas Maíz en la costa de Nicaragua. Sin esas islas Nicaragua quedaba reducida al Pacífico”, dijo Uribe Vélez en otra de sus razones.

En otro de sus motivos expuestos, aseveró que la Corte cometió una ilegalidad con el fallo proferido en noviembre de 2012, pues “desmembró el Archipiélago Histórico de San Andrés”. Explicó que ese hecho no es enmendable ni con las 24 millas que le corresponden al país, sumando la plataforma continental extendida y el mar territorial de la isla.

También indicó que en ese mar Colombia ha ejercido seguridad militar con el objetivo de combatir el narcotráfico y que las autoridades del orden nacional y regional se afianzaron en la protección del espacio ambiental Sea Flower, declarado reserva de la biosfera en 2000.

En el cierre de su declaración, el expresidente recordó que durante la campaña presidencial de 2018 el Centro Democrático propuso una consulta nacional para ratificar al Meridiano 82 como la única delimitación integral.

Esto porque el fallo definió que ese trazado no sería el límite de la frontera, sino que cada cayo e islote debía tener una extensión máxima de 12 millas de mar territorial “y el resto pertenece a quien tenga la plataforma continental”; es decir, el país centroamericano.

Conozca las 12 razones de Uribe por las que el fallo de 2012 debió declararse inaplicable:

El pronunciamiento de Uribe Vélez se produjo días después de la decisión de la CIJ que favoreció a Colombia sobre las pretensiones de Nicaragua de extender su plataforma continental, alegando derechos sobre el subsuelo marino más allá de las 200 millas náuticas contempladas en el derecho internacional.

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