Para “lograr la paz completa” el presidente Gustavo Petro designó, durante el domingo 23 de julio, a Salvatore Mancuso como gestor de paz. Más allá de las reacciones a favor y en contra que produjo este anuncio, hay una duda sobre este llamado relacionada con el futuro judicial del excomandante de las AUC.
En su pronunciamiento, el jefe de Estado dijo que la gestoría de paz del exparamilitar recluido en Estados Unidos también tiene como propósito completar el proceso de paz iniciado con grupos paraestatales iniciado en el gobierno de Álvaro Uribe en el sentido de que aún falta por conocer la verdad sobre cuerpos de personas desaparecidas y los predios heredados a grupos sucesores del paramilitarismo.
A este anuncio le faltaría la firma de un decreto presidencial que oficialice el nombramiento de Mancuso; sin embargo, hay tres escenarios judiciales que quedarían pendientes por resolver y deben ser solucionados desde el propio Gobierno si quiere concretar dicha gestoría.
1. Su solicitud para entrar a la JEP
El otrora comandante del Bloque Catatumbo de las AUC es actualmente un aspirante a comparecer ante la Jurisdicción Especial para la Paz. La primera prueba del tribunal para determinar si era apto para su aceptación fue la audiencia única de verdad realizada en mayo de 2023.
Ahora, la JEP estudia su petición basada también en el documento adicional que entregó para soportar y ampliar lo dicho en los cuatro días de diligencia. De ser aceptado, su expediente podría hacer parte de cuatro macrocasos.
El primero es el 03 que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentados en combate como bajas en combate por agentes del Estado (’falsos positivos’) debido a que el tribunal encontró que paramilitares entregaban víctimas a la fuerza pública para que fueran asesinadas y presentadas como guerrilleros abatidos en operaciones militares.
También podría abarcar el macrocaso 04 que prioriza la situación territorial en la región Urabá (Antioquia). En esta zona, paramilitares al mando de Mancuso en conjunto con agentes del Estado cometieron crímenes y otras afectaciones a los derechos humanos de civiles y comunidades étnicas.
El macrocaso 08 también podría involucrarse en este escenario, pues aborda los crímenes cometidos por la fuerza pública, agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles en el conflicto armado. También su testimonio aportaría en el esclarecimiento de las indagaciones correspondientes al macrocaso 04 que investiga el exterminio de la Unión Patriótica.
2. Su posible extradición a Colombia
Mancuso fue extraditado a Estados Unidos en 2008 y condenado a 15 años de prisión por delitos asociados al narcotráfico; pero si bien hace tres años terminó de pagar su pena, continúa recluido en ese país a la espera de definir si puede regresar o no a Colombia.
De hecho, el Gobierno actual ha pujado para que Mancuso sea extraditado a Colombia y cumpla las condenas pendientes por hechos de desplazamiento, desaparición forzada y asesinatos, entre otros, de ocho años de acuerdo a lo indicado por Justicia y Paz.
Al respecto, representantes de la administración Petro como el ministro de Justicia, Néstor Osuna, han señalado que Mancuso Gómez está pedido en extradición y que su trámite está en proceso, como lo señaló en diálogo con El Tiempo. Por el momento, de este proceso se sabe que el martes 22 de agosto podría conocerse una decisión formal, pues el ‘expara’ ha pedido que lo envíen a Italia, país del que tiene ascendencia.
3. El levantamiento de sus órdenes de captura
Durante el primer trimestre de 2023, una jueza de ejecución de penas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá otorgó el beneficio de libertad condicional por cuatro años debido a que ya había cumplido la pena impuesta por Justicia y Paz.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia había determinado que este no podría recuperar su libertad debido a una investigación pendiente en la justicia ordinaria por delitos cometidos después de su desmovilización (lavado de activos y concierto para delinquir).
Sumado a eso, no se podría levantar las órdenes de captura vigentes en Colombia, pues la Fiscalía General de la Nación dejó en claro que, dentro de la política de Paz Total, esta medida no aplicará para integrantes o exmiembros de grupos que no tienen carácter político.
Podía haber un escenario en el que pueda existir un caso de sometimiento a la justicia, pero el proyecto de ley no ha sido presentado por el Gobierno, por lo que Mancuso no podría ser cobijado con el beneficio.