![La Fiscalía General de la Nación halló al criminal responsable de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado. Foto: archivo particular](https://www.infobae.com/new-resizer/BJ3upNuZLVw78bvNrYixBdySrDg=/420x236/filters:format(webp):quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/FOI2ZSBCMNA67DV2RJ7QDMC7OM.jpg 420w)
La Fiscalía General de la Nación anunció a través de un comunicado de prensa que un juez de control de garantías impuso la condena definitiva contra un cabecilla de una estructura del Clan del Golfo. El criminal, identificado como Julio Andrés Rivera Jiménez, fue hallado responsable del asesinato de algunos líderes sociales en Antioquia.
Según detalló el ente acusador, Rivera Jiménez, reconocido con el alias de Panqueque, participó en el magnicidio de los defensores de derechos humanos Hugo Albeiro George Pérez y Dimar Egidio Zapata George. Las víctimas hacían parte de la Organización Ríos Vivos, mediante la cual lideraban acciones en algunos municipios de Antioquia.
Los defensores de derechos humanos habían logrado reconocimiento principalmente en el municipio de Ituango (Antioquia), en donde lideraron acciones en defensa de la tierra y el cuidado del medio ambiente. Las acciones en ese pueblo generaron que desde el grupo armado se fijaran en ellos, declarándolos objetivos militares.
Su asesinato se registró el 2 de mayo de 2018, en el corregimiento Puerto Valdivia, en el municipio de Valdivia (Antioquia). Cuando los defensores de los derechos humanos permanecían dentro de un establecimiento comercial, hombres armados, adscritos al Clan del Golfo y bajo el mando de alias Panqueque, llegaron al lugar y les dispararon indiscriminadamente.
La Organización Ríos Vivos, a la cual pertenecían las víctimas, se pronunció el mismo día en el que se conoció la noticia del asesinato de los hombres de 47 y 23 años. Para aquella oportunidad, la entidad exigió justicia por lo sucedido, solicitándole al Gobierno nacional libertad para expresarse libremente.
“El día de hoy 2 de mayo de 2018 a las 11:00 de la mañana, aproximadamente, fue asesinado con arma de fuego, Hugo Albeiro George Pérez de 47 (...) Exigimos justicia social y ambiental, que no queden en la impunidad estos delitos, que pare el asesinato de lideres y defensores de derechos humanos en Colombia y que se nos permita expresar libremente nuestras ideas, protestar y continuar exigiendo nuestros derechos al Estado y oponiéndonos a la política minero energética”, denunció la organización de Ríos Vivos en su página web el 2 de mayo de 2018.
Las investigaciones efectuadas por parte de la Fiscalía General de la Nación permitieron que, luego de dos años de registrado el crimen contra los líderes sociales, las autoridades lograran la captura de Panqueque. Su detención y posterior judicialización se llevaron a cabo en octubre del 2020, procedimiento en el cual el criminal reconoció su “accionar delincuencial en el norte de Antioquia”, señaló la Fiscalía General de la Nación en aquella oportunidad.
Tras permanecer casi tres años detenido sin un dictamen oficial sobre el tiempo en el que permanecería en un centro penitenciario, el 24 de julio de 2023 el ente acusador expidió su condena. La Fiscalía le impuso una pena de 40 años en prisión, la cual es de primera estancia y basada en los hechos que recaen en su contra.
El asesinato de los líderes sociales, que se registró en Valdivia (Antioquia), dejó consternados a los habitantes del municipio, el cual comprende una de las zonas más afectadas por el conflicto armado, siendo el Clan del Golfo una de las organizaciones que allí opera. La situación es tal que el gobernador Aníbal Gaviria denunció el 21 de julio de 2023, en medio de una aparición a medios, que más de 300 personas han abandonado el pueblo por temor a caer en medio de los contantes enfrentamientos.
Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y grupos armados como el ELN o las disidencias de las Farc se incrementaron desde finales de junio de 2023. La confrontación entre las estructuras criminales está relacionada con el control de las economías ilícitas en esta región del país.