Armando Benedetti, a responder ante la Fiscalía sobre posibles irregularidades en la campaña de Gustavo Petro

El ente acusador programó una nueva fecha para obtener la declaración juramentada del exdiplomático, luego de que no asistiera a una primera citación

Armando Benedetti aseguró a en comunicaciones privadas que había conseguido15.000 millones a la campaña presidencial

El ex embajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti tiene cita en la Fiscalía para que amplíe la información sobre las presuntas irregularidades que se habrían cometido para la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro. El político barranquillero ha guardado silencio ante las otras autoridades que han buscado conocer sus declaraciones.

La citación en la Fiscalía se programó para el 3 de agosto, según reveló La FM, que sería la nueva fecha luego de que Benedetti no asistiera el 23 de junio. El objetivo de la convocatoria era “para que precise y explique varias afirmaciones suyas que dan cuenta de una presunta financiación ilegal de la campaña política del Presidente de la República, Gustavo Petro Urrego”, dijo el ente investigador en su momento.

Para entonces Benedetti continuaba en funciones como embajador en Venezuela, su renuncia se hizo efectiva el 19 de julio, luego de una extensión que autorizó la Cancillería para que pudiera terminar asuntos pendientes. El diplomático señaló que no conservaba el puesto “por el fuero ni por el sueldo”, que había renunciado a los honorarios del último mes y que adelantaría el empalme desde Bogotá.

La Fiscalía busca que Benedetti entregue información sobre los hechos que manifestó conocer sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro, en la que fue un coordinador político clave, así como lo que insinuó haber conocido respecto al caso de Nicolás Petro, investigado por presuntamente obtener dineros irregulares con el mismo motivo del proceso electoral.

Armando Benedetti se pone en forma para afrontar procesos judiciales Fuente: @AABenedetti

Tanto la Procuraduría como el Consejo Nacional Electoral que adelantan investigaciones sobre la financiación de la campaña han citado a Benedetti. Sin embargo, el exdiplomático se ha rehusado a cumplir los llamados de las autoridades durante la etapa de recolección de pruebas.

El 18 de julio, un día antes de terminar sus funciones, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz le habían puesto cita a Benedetti en el CNE, pero tampoco asistió. El político barranquillero envió una carta en la que invocó su derecho fundamental a guardar silencio.

“De acuerdo con la información de prensa, estoy siendo investigado penal y disciplinariamente por los mismo hechos que ustedes adelantan esta investigación; por lo que, dado el alcance de esta garantía constitucional, haré uso de mi derecho a guardar silencio”, señaló Benedetti.

Las afirmaciones por las que el exsenador ha sido vinculado a las investigaciones fueron hechas en conversaciones con Laura Sarabia, exjefa de Gabinete del presidente Petro, que fueron reveladas por la revista Semana. Ella fue citada el mismo día al CNE y negó tener vinculación con los procesos de financiación de la campaña.

“Reiteré que mi rol en la campaña era la construcción de la agenda del entonces candidato presidencial y que no tenía relación alguna con la financiación”, señaló Sarabia al leer un comunicado a la salida de la diligencia que cumplió ante los magistrados del CNE. “Mi presencia en este escenario no es otra que mostrar mi disposición y compromiso con las autoridades pertinentes. Seguiré luchando por defender mi inocencia y mi buen nombre”, concluyó.

Benedetti sí se ha reunido con la Fiscalía en medio del escándalo, pero con el objetivo de denunciar amedrentamientos en su contra. “Le pido a la Fiscalía que tome medidas urgentes para protegerme a mí y a mi familia. Tengo evidencia física de amenazas que hemos recibido de manera directa e indirecta provenientes de personas muy poderosas”, había señalado el diplomático el 7 de junio.

Por el momento, las indagaciones se encuentran en las etapas previas para determinar si se cuenta con evidencia para abrir una investigación formal sobre los hechos denunciados y hechos públicos, sobre los posibles delitos cometidos durante la campaña electoral de violación de topes de financiación o el acceso de recursos de fuentes prohibidas.