La exgobernadora de La Guajira Oneida Pinto quiere ocupar, por tercera vez, la Alcaldía de Albania. Así lo confirmó, primero, en un audio que empezó a rondar en el municipio y algunas publicaciones en sus redes sociales, y segundo, el 21 de julio, cuando aseguró que si bien está siendo investigada por la Fiscalía General de la Nación está en toda libertad para postularse como candidata a la Alcaldía. También se refirió a la decisión de la Procuraduría, del 24 de mayo de 2022, en la que la inhabilita por 10 años para ocupar cargos públicos.
“Efectivamente, he sido cuestionada por dos procesos, de todas maneras, en Colombia tenemos la libre oportunidad como seres humanos de poder decirle al país que mientras yo no esté condenada yo soy inocente de lo que se me acusa”, le dijo Pinto a Sigue la W de W Radio
Sobre el fallo de la Procuraduría, Pinto dijo: “El Consejo de Estado ha trabajado mucho en ese tema en donde manifiesta que ni la Procuraduría ni la Contraloría son competentes para inhabilitar a un funcionario de elección popular”.
La mujer hizo alusión a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que advierte, al estudiar la destitución de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá en 2013, que solo una autoridad judicial —un juez de la República— puede sancionar a funcionarios de elección popular.
La hoy precandidata a la Alcaldía de Albania (La Guajira) también dijo que, aunque aún no ha decidido a qué partido político le aceptará el aval para inscribir su candidatura en la Registraduría, ha estado conversando con unos 10 partidos y está analizando por cuál decantarse: “No podría manifestar en estos momentos con cuál aval me voy a lanzar”.
Durante la entrevista en Sigue la W, la política fue reticente a contestar sobre su cercanía, o no, con figuras controversiales de su departamento, como el ex gobernador Kiko Gómez —sentenciado a más de 50 años de cárcel por homicidio— o Marquitos Figueroa.
En particular sobre Gómez, Pinto dijo que la relacionan con él, pues en 2011, durante la campaña, al ser miembros, ambos, de Cambio Radical, le manifestó su apoyo a Gómez en su aspiración a la Gobernación de La Guajira: “Me relacionan con el señor Kiko Gómez porque yo apoyé en 2011, cuando fui candidata a la Alcaldía de Albania, a un candidato de Cambio Radical”.
Sobre si es o no una ficha política de Gómez, Pinto fue vaga en su respuesta: “Sí conozco a Kiko Gómez, porque es del departamento de La Guajira. Nunca he tenido vinculación política con el señor Gómez, porque mi política la hacía en el norte de La Guajira y él hacía su campaña en el sur. A mí no se me puede acusar de que soy ficha política de Kiko Gómez, yo vengo desde abajo como mujer guajira”.
La inhabilidad que le impuso la Procuraduría a Pinto
En la decisión del Ministerio Público del 24 de mayo, que también inhabilitó a la ex secretaria de Educación Bely Gnecco; al exdirector Operativo Gilbert José Meza Cerchar, y al profesional universitario de la administración departamental, para la época de los hechos, Gerardo Cujia Mendoza, se puede leer:
“En fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad general por el término de 10 años a la exgobernadora de La Guajira (2016) Oneida Rayeth Pinto Pérez, al comprobar irregularidades en un contrato por $20.453.932.366, suscrito para la implementación de estrategias de aprovechamiento de las TIC para el desarrollo del sector educativo mediante el corredor digital en el departamento de La Guajira”
En la investigación contra los exfuncionarios se evidenció que Pinto suscribió el contrato con Funtics (Fundación Empresarial de Nuevas Tecnologías de la Información de Colombia) el 8 de marzo de 2016, pero este no cumplió con los principios de transparencia y responsabilidad de la contratación estatal. La Procuraduría señaló que no había justificación para adjudicar el proyecto a la mencionada entidad, por lo que no es considerado imparcial.
La Gobernación de La Guajira, a cargo de Pinto, estableció restricciones para la licitación, pero, a juicio de las autoridades, estas no tenían fundamento. Se indicó que esta decisión ocasionó que a la licitación solo concurriera un proponente y que, en consecuencia, la entidad no tuviera la oportunidad de realizar una comparación de ofertas para elegir.
“No existe análisis y justificación por parte de la entidad territorial para dar sustento a los requisitos de experiencia solicitados en el proceso de Licitatorio Público No. 033 de 2015, es decir, en no existe ningún estudio que permitiera determinar con imparcialidad, desde el punto de vista objetivo, que este requerimiento obedecía a un análisis conforme al objeto a contratar y a la cuantía del contrato”
En su momento, el Ministerio Público, a través de su delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, advirtió en un informe de cinco puntos que podrían presentarse irregularidades en este proceso licitatorio adelantado por la Gobernación de La Guajira; sin embargo, a pesar de ello el proceso siguió su curso.
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