Procuraduría investiga presunta invasión de tierras en la isla del Covado, Bolívar

La Procuraduría General de la Nación (PGN) inició una investigación disciplinaria en contra del corregidor de Puerto Badel, en Arjona (norte de Bolívar), Édgar Enrique Ripoll Castro, por presuntas irregularidades en el amparo y protección de derechos sobre terrenos de la zona conocida como isla del Covado.

De acuerdo con el organismo de control, el 22 de julio de 2019 fue interpuesta y remitida una querella por dichas irregularidades, al parecer, sin que el investigado hubiere adelantado alguna actuación sobre ello.

El organismo de control ya estaba investigando estas presuntas invasiones de tierra y tenía bajo la lupa a funcionarios adscritos a la Inspección de Policía de Arjona. Sin embargo, luego logró determinar que la responsabilidad es de Corregiduría de Puerto Badel y no de la Policía. Por eso, decidió archivar las investigaciones que se estaban adelantando en contra de los funcionarios.

“Con el fin de verificar la ocurrencia de los hechos y determinar la responsabilidad del implicado, el operador disciplinario dispuso de la práctica de unas pruebas y recolección de información”, indicó el órgano de inspección en un boletín informativo.

En enero de 2023, el organismo de control informó que en febrero se adelantaría una audiencia pública en Cartagena por la invasión, titulación, registro y ocupación ilegal de tierras en el departamento de Bolívar.

En dicho encuentro, la Procuraduría recibió 15 denuncias por parte de la ciudadanía, de abogados y de representantes gremiales, quienes señalaron a funcionarios de presuntas irregularidades en su gestión. Aseguraron que en zonas como Playa Blanca, Barú, Bayunca Punta Canoa y las Islas del Rosario se estaban presentando anomalías en la ocupación, registro y titulación de tierras.

Con el desarrollo de la audiencia se tenía previsto “impulsar soluciones y a hacer un llamado a las y los funcionarios competentes para que atiendan efectivamente los casos ya existentes de ocupaciones ilegales de tierras y eviten nuevos hechos similares”, señaló el organismo de inspección en el boletín.

La procuradora Margarita Cabello mencionó entonces que se llevarían a cabo mesas de diálogo para castigar y sancionar a los servidores públicos que no cumplieran con su deber funcional con respecto a la problemática en cuestión. Además, reiteró a los ciudadanos que pueden encontrar “en la Procuraduría General de la Nación, una institución representante de los intereses de la sociedad y que busca el bien común, siempre apegados al ordenamiento jurídico”.

La problemática no es nueva, pues en noviembre de 2021 ya se había llevado a cabo la primera audiencia, en donde las denuncias fueron 17 y en la que, como resultado, se formularon cargos contra el exregistrador de Instrumentos Públicos y un Inspector de Policía de Soledad (Atlántico). Esto, “por acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones que favorecieron la invasión y urbanización ilegal del inmueble denominado Los Ángeles”, detalló la Procuraduría.

“Son ocho (8) las investigaciones disciplinarias iniciadas en relación con presuntas irregularidades referentes a predios ubicados en Barranquilla, Soledad, Malambo y Puerto Colombia (Atlántico); dos (2) investigaciones disciplinarias en relación con un predio ubicado en el corregimiento de Bayunca de Cartagena (Bolívar) y una (1) investigación disciplinaria por hechos relacionados con un predio ubicado en Bogotá, localidad Ciudad Bolívar”, informó en ese entonces el organismo de control y vigilancia.

Adicional a eso, la PGN informó que ya se estaban adelantando otras tres investigaciones disciplinarias por presuntas irregularidades en predios ubicados en Melgar (Tolima), en el corregimiento de Punta Canoa, Cartagena (Bolívar) y en Malambo (Atlántico).

“La Procuraduría ha realizado (13) indagaciones previas en Atlántico, Meta y Valle del Cauca; en Bolívar, relacionadas con predios ubicados en Cartagena, en la Isla de Barú, Pasacaballos, Punta Canoa – Sector El Faro y la Isla del Covado jurisdicción de Cartagena, Turbana y Arjona”, concluyó el órgano de inspección.