Exsenador Eduardo Pulgar será juzgado por la Corte Suprema de Justicia por compra de votos

El excongresista del partido de la U Eduardo Pulgar Daza tendrá que asistir a juicio luego de que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia lo acusara por la presunta comisión del delito de corrupción al sufragante. El exsenador es indagado porque en su campaña al Senado de la República en el periodo 2018-2022 habría comprado votos en el departamento de La Guajira.

Pese a que fue acusado por corrupción al sufragante, en la misma decisión la Sala de Instrucción precluyó otra investigación en su contra por fraude procesal y violación de topes o límites de gastos de campaña, porque no encontró mérito para acusarlo por esos delitos.

El proceso contra Pulgar se produjo de otra investigación que adelanta la Corte Suprema contra la representante a la Cámara, María Cristina Soto de Gómez.

Pulgar en la actualidad está pagando una condena del alto tribunal por el delito de tráfico de influencias y cohecho. Por esos hechos la Corte lo condenó a 4 años y 10 meses luego de concederle una rebaja del 45% de la pena porque se acogió a sentencia anticipada y aceptó cargos.

Por el caso, la Procuraduría lo inhabilitó por 12 años y el Consejo de Estado decretó pérdida de investidura, por el intento de soborno a un juez con 200 millones de pesos para que favoreciera a un patrocinador suyo; el antiguo cónsul honorario de Polonia en Colombia Luis Fernando Acosta, en el marco de una disputa por el control de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.

El sábado 28 de enero del presente año -2023- el exsenador Pulgar obtuvo una victoria judicial, luego de que las autoridades colombianas le dieron el beneficio de casa por cárcel. Según lo reveló su equipo de abogados, de la firma Escorcia y Asociados mediante un comunicado.

El texto fue dado a conocer por María Paula Escorcia, quien dirige la firma de abogados y también es la apoderada judicial del excongresista del Partido de La U, quien anunció que la excarcelación intramural del sujeto cumplió con todos los parámetros de ley. “En cumplimiento de los tratados internacionales, la Constitución y la ley, se le concedió a mi representado la prisión domiciliaria y, en virtud de ello, continuará cumpliendo con la pena impuesta”, informó la jurista.

Así mismo, la togada dio a conocer que Pulgar continuará con su “proceso de resocialización” en su casa y junto a su familia. Aunque, será custodiado en su lugar de residencia por los guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

En otros apartes de la comunicación, Escorcia destacó que su cliente que enfrenta varios cargos en su contra, seguirá ayudando con la justicia colombiana y seguirá “atendiendo a los llamados y requerimientos de las autoridades”.

Pulgar es acusado de sobornar con 200 millones de pesos al juez Andrés Fernando Rodríguez Cáez para que fallara a favor de un caso en el que el excongresista tenía cierto interés. En un fallo del Consejo de Estado, que le quitó su investidura política, y que tuvo como ponencia al consejero Carmelo Perdomo, explica que Pulgar alardeaba de su cargo como senador para influenciar la decisión del jurista.

En 2022, el exsenador aceptó los cargos que le fueron sindicados, por lo que su pena se redujo de 106 meses a cuatro años y 10 meses. Por lo que la Corte Suprema lo inhabilitó por 63 meses y 19 días para ejercer cargos públicos en el país, y el Consejo de Estado le declaró muerte política, lo que quiere decir que quedó inhabilitado de por vida para ejercer política en Colombia.

“Pulgar, en su condición de senador para la época de los hechos, utilizó indebidamente en favor de la familia Acosta, influencias ante el ministerio de Educación para beneficiarla en el trámite de la ratificación de la reforma de los estatutos de la Universidad Metropolitana, de acuerdo con las atribuciones legales y reglamentarias, y que le permitió finalmente a su grupo familiar tener el control y manejo de la entidad”, señaló el fallo del alto tribunal.

Estos fallos se sumaron a los de la Procuraduría General, que inhabilitó por 12 años al exsenador del Partido de la U; esto, en primera instancia, hacía que Pulgar no pudiera asumir cargos públicos durante ese periodo de tiempo. La decisión se tomó después de que finalizara el juicio disciplinario en su contra en marzo del 2022.

“El entonces senador Pulgar Daza, por medio del alcalde de Usuacurí, Ronald Padilla, logró que el juez Rodríguez Cáez aceptara reunirse con él en su lugar de residencia en Barranquilla”, explicó el Ministerio Público durante la audiencia. En dicha reunión, el excongresista expuso el conflicto que hay entre los herederos de la fundación Acosta Bendeck y le “solicitó ayuda con dicho tema, lo que denominó sería ‘un negocio’”, agregó el Ministerio Público.