Exintegrantes de las Farc criticaron a la JEP por imputarles el delito de esclavitud: “No debemos ser despojados de nuestra dignidad”

Diez exjefes del Comando Conjunto Central de las extintas Farc fueron imputados por la Sala de Reconocimiento de la JEP en el caso que se adelanta por secuestro; el grupo tenía presencia en zonas como Tolima, Risaralda, Quindío, Huila y Meta, entre otros. Los delitos los habrían cometido en un principio para financiar el llamado intercambio humanitario y por el control de los territorios.

Los antiguos guerrilleros que fueron imputados respondieron en un comunicado a la determinación y afirmaron que están comprometidos con la verdad y que están dispuestos a asumir las responsabilidades, pero mostraron preocupación por el lenguaje que se usó en el auto donde se les imputan los crímenes.

“La lectura del auto, el 7 de julio de 2023, fue una sorpresa para nosotros, no por la imputación sino por el uso del lenguaje, los calificativos usados por la misma magistratura y la exposición insidiosa de los hechos sin contexto, que hacen que los señalamientos hacia nosotros aumenten, exponiendo nuestras vidas y las de nuestras familias’'.

Añade: ‘’Si bien estamos respondiendo por hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, esto no significa que debamos ser despojados de nuestra dignidad”, dice el documento.

También mencionaron en el escrito que al menos 390 excombatientes de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia han sido asesinados desde la firma del Acuerdo de Paz y que las amenazas en su contra no se toman en serio en algunos casos, resaltando su preocupación por la imputación de esclavitud a 1 de los 10 exjefes guerrilleros.

“Recibimos con preocupación la determinación de imputar el delito de esclavitud a uno de nuestros compañeros, no obstante, nuestro compromiso será siempre hacer honor a lo pactado en el acuerdo final de paz’', señalaron los exintegrantes de las Farc.

Comentaron que han conocido versiones voluntarias de los daños generados a la comunidad y que han respondido a las demandas de verdad de quienes sienten dolor y reclaman por los actos que les enlutaron.

El miércoles 8 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 10 antiguos miembros de dos frentes de las extintas FARC por un total de 14 crímenes de guerra y lesa humanidad que incluyeron: homicidios, desplazamiento y otros actos inhumanos, cometidos en una zona del suroeste de Colombia.

Estas son las primeras imputaciones del sistema integral en el Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, y que vincula a diez que hicieron parte de las columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis, del antiguo Bloque Occidental de las FARC.

Durante una rueda de prensa, los magistrados de la JEP aseguraron que estas estructuras cometieron crímenes de guerra, como tomas guerrilleras “llevadas a cabo sin el debido respeto a los principios de distinción y proporcionalidad”, para imponer su control de este territorio del suroeste del país.

Los 10 excombatientes fueron acusados por crímenes de guerra de homicidio, atentados contra la vida y la integridad corporal, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento, utilización, reclutamiento, utilización de niños y niñas, dirigir ataques contra la población, utilización de minas antipersonal y destrucción del medioambiente.

Los integrantes de la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas imputados fueron: Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis; así como Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz.

• El norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, especialmente las tomas a los municipios de Toribío, el 11 de julio de 2002, 14 de abril de 2005 y 9 de julio de 2011.
• Caldono, el 9 de febrero de 1997, 8 y 9 de junio de 1999.
• Jambaló, el 25 de octubre de 2003.
• Suárez, el 31 de enero de 2000.
• Caloto, el 13 de enero de 1997.
• Santander de Quilichao, el 9 y del 10 de marzo de 1999.
• Corinto, el 28 de diciembre de 1995.
• Morales, el 8 de abril de 2012 y Pradera, el 29 de abril de 2011 y el 31 de octubre de 2012.

La Sala de Reconocimiento llegó a estos hallazgos gracias a 28 informes y publicaciones que se presentaron por entidades del Estado, organizaciones indígenas, consejos comunitarios, organizaciones de derechos humanos, resguardos indígenas, corporaciones de víctimas del conflicto e informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.

También tuvo en cuenta 91 versiones recibidas a comparecientes de las estructuras que operaron en la zona, cuatro audiencias colectivas con integrantes de las columnas móviles Gabriel Galvis, Jacobo Arenas, Miller Perdomo y el frente sexto, realizadas entre 2021 y 2022.