“No hay garantías electorales en La Guajira”: Procuraduría advirtió por riesgo de inseguridad en el departamento

El órgano de control ordenó a la gobernadora adoptar medidas urgentes de cara a los próximos comicios regionales

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 Las estadísticas de la Policía Nacional han registrado en La Guajira 89 homicidios intencionales y otros delitos en lo que va del 2023. Archivo
Las estadísticas de la Policía Nacional han registrado en La Guajira 89 homicidios intencionales y otros delitos en lo que va del 2023. Archivo

El próximo el 29 de octubre de 2023 se elegirán gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles de cada región de Colombia, y a un poco más de tres meses para el inicio de los comicios, se siguen presentado alertas por la inseguridad en varias zonas del país poniendo en riesgo los procesos electorales.

Esta realidad se manifiesta más recientemente en La Guajira. Las estadísticas de la Policía Nacional han registrado en el departamento 89 homicidios intencionales en lo que va del 2023.

Revelan, además, 460 lesiones personales, 1.163 hurtos, 140 hurtos a residencias, 151 hurtos a comercio, 66 hurtos de automotores, 413 hurtos de motocicletas, 2 secuestros y 39 extorsiones.

Según las autoridades, los datos anteriores dan cuenta de un aumento en la comisión de estos delitos con respecto al año anterior (2022).

Es por lo anterior que la Procuraduría General de la Nación ordenó a la gobernadora de La Guajira, Diala Patricia Wilches Cortina, a que adopte las medidas preventivas que garanticen la seguridad en la región de cara a los próximos comicios regionales.

Por medio de una carta enviada a la mandataria local, la Procuraduría Regional de Instrucción de La Guajira señaló que es necesario asegurar a candidatos, promotores de mecanismos de participación ciudadana, sedes de campaña, puestos de votación y sufragantes, unas elecciones pacíficas.

Lo anterior, dice el Ministerio Público, se da ante “las graves problemáticas de seguridad y orden público presentadas en los últimos meses en el departamento, agudizadas en las últimas semanas, que ponen en entredicho la garantía del proceso, al menos en materia de orden público y seguridad”.

Pese a que no se conoce de amenazas contra algún candidato, la Procuraduría señaló que hay incertidumbre frente a la seguridad del territorio: “existen en el departamento diversos sucesos que impiden afirmar de manera categórica y definitiva que se encuentran dadas a la fecha todas las garantías del certamen”.

Agregó que, además de los riesgos de seguridad y orden público que pueden presentarse, es necesario contemplar las constantes protestas que se pueden presentar previo a las elecciones y que, “eventualmente también pueden generar traumatismos en el adecuado desarrollo del proceso de elección de las autoridades territoriales”.

Demandan la candidatura de ‘El Hombre Marlboro’ para la Alcaldía de Maicao ante la CNE

El 'Hombre Malboro' es objeto de una investigación sobre un presunto aporte de 600 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.  Archivo
El 'Hombre Malboro' es objeto de una investigación sobre un presunto aporte de 600 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. Archivo

La candidatura de Samuel Santander Lopesierra, conocido como el ‘Hombre Marlboro’, para la Alcaldía de Maicao ha enfrentado su primera demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lopesierra, quien en el pasado estuvo vinculado al narcotráfico, presentó más de 63.000 firmas respaldando su candidatura por el Movimiento Alternativo Independiente.

Sin embargo, su pasado vinculado al narcotráfico ha generado controversia y es objeto de una investigación sobre un presunto aporte de 600 millones de pesos a la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La investigación señala que ese dinero habría sido entregado a Nicolás Petro Burgos, según lo manifestado por Day Vásquez en una entrevista para la Revista Semana.

El caso ha sido asignado al magistrado Álvaro Hernán Prada para su estudio, aunque aún no se ha tomado una decisión final, se espera que la inscripción sea revocada debido a la clara disposición legal que prohíbe a personas condenadas por narcotráfico en Colombia o en el extranjero ser candidatos.

A pesar de la presentación de la demanda en su contra, la decisión final sobre la candidatura de Lopesierra recae en el Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, muchos consideran que la aplicación de la ley será clara y su inscripción será revocada debido a su pasado relacionado con el narcotráfico.

Si Lopesierra resultara ganador en las elecciones regionales de octubre de 2023, marcaría su regreso a la política después de más de 20 años de ausencia.

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