Primer ministro de Países Bajos avaló un diálogo en Colombia para cambiar la política de drogas

En medio de la visita del presidente Gustavo Petro a Bélgica para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el mandatario colombiano tuvo una breve reunión bilateral con el primer ministro de Países Bajos, Mark Rutte.

En la charla, llevada a cabo en la mañana del lunes 17 de julio (antes de la Cumbre de los pueblos), el dirigente europeo resaltó la iniciativa de Colombia de plantear un diálogo centrado en la necesidad de transformar la actual política de drogas, catalogada por Petro como “un fracaso” desde diferentes escenarios multilaterales.

Rutte confirmó el interés de Países Bajos en participar del encuentro que tendrá lugar en Colombia sobre este tema, que ya generó reacciones opositoras; una de ellas, la de Francisco Barbosa.

Tema aparte, el primer ministro confirmó la visita de Liesje Schreinemacher, jefa de Cooperación, para avanzar en el segundo semestre del año la agenda bilateral sobre transición energética.

Horas antes de la corta reunión bilateral, pero desde Colombia, el fiscal General anunció que votará de forma negativa la política de drogas ante en el Consejo de Política Criminal, instancia de la que hace parte junto con otros funcionarios como la procuradora Margarita Cabello.

De acuerdo con Barbosa Delgado, la iniciativa liderada por la actual administración en cabeza del Ministerio de Justicia (que será presentada ante el Consejo en la tarde del mismo lunes 17) va en contravía de la lucha del Estado contra las estructuras criminales y el narcotráfico.

Por ello, dijo durante el acto conmemorativo del día del investigador que “hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación por primera vez en treinta años de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro”.

Más allá del voto negativo, el fiscal General coincidió con el Gobierno en no perseguir a campesinos cultivadores, pero insistió en que se deben formular estrategias de fondo para impactar el tráfico de estupefacientes de forma integral.

Otro de los reparos de Barbosa está centrado en quitarle bienes a los grupos criminales. Sobre esto, aseguró que esa persecución tiene que permanecer contra integrantes de grupos criminales cuyas rentas dependan en gran medida del narcotráfico.

“(...) No habrá resolución alguna que me cambie el lenguaje, ni me cambie lo que yo pienso de esas personas; a esos criminales hay que tocarles los bienes porque es la mejor manera de romper lo que yo he llamado los corredores regionales y transnacionales de criminalidad”, agregó el jefe del ente de control.

El martes 11 de julio fue presentado en Bogotá un balance de los diálogos constructivos sobre la política antidrogas elaborada por la administración Petro. De acuerdo con el ministro de Justicia, Néstor Osuna, ente enero y junio de 2023 se llevaron a cabo 25 espacios territoriales en 16 departamentos del país bajo el acompañamiento de entidades y organismos como la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

Esta política, de acuerdo con el alto funcionario, propondrá un tránsito a la legalidad mediante la inclusión en otros proyectos productivos, como ganadería y agroindustria. Esto tendrá dos focos, uno para los cultivadores que no quieren abandonar sus territorios y otra para los cocaleros que estén dispuestos a dejar sus zonas de origen para integrar las iniciativas de sustitución.

También tendrá un enfoque de género: “Si bien el negocio del narcotráfico ha privilegiado tradicionalmente a varones que han sido los grandes capos del narcotráfico, los que más se han enriquecido (...) La verdad es que quienes más han sufrido esa guerra contra las drogas han sido mujeres”, expuso Osuna Patiño al respecto.

Vale indicar que a pesar de sus cuestionamientos sobre temas de paz y lucha contra el narcotráfico, Barbosa reafirmó que “somos amigos entonces de una paz total, pero también somos amigos de las víctimas, de los derechos humanos, de la justicia y somos creyentes de que la verdadera alternativa tiene que ser la de poder equilibrar las políticas de orden público”.