Presos en Sincelejo pasan hambre y la alcaldía alega que no tiene recursos para su atención

El 17 de junio la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta con respecto a la falta de cumplimiento de condiciones mínimas de salubridad y de alimentación en el Centro de Detención Transitorio, la estación de Policía y la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía en Sincelejo (Sucre). En ella, informó que hay 130 personas privadas de la libertad, de las cuales 55 reciben alimentación, pero las 75 restantes están obligadas a acudir a los demás detenidos para pedir parte de las raciones que reciben de sus familiares.

Ante los hallazgos del órgano de control, el alcalde de Sincelejo, Andrés Eduardo Gómez, habló con Infobae y explicó por qué se están presentando falencias en la atención de los detenidos. De acuerdo con el funcionario, en Colombia el sistema penitenciario tiene serias dificultades y, en el municipio, la situación no es diferente.

En efecto, los presos en este país se enfrentan a una cifra de hacinamiento que ya llegó al 24,28%, según el Inpec. La capacidad intramural en el territorio nacional es de 81.387 personas privadas de la libertad; en este momento hay 101.150 presos en las cárceles de Colombia. Esto quiere decir, que hay 19.763 reclusos que, en teoría, no tienen cupo en los centros carcelarios.

Sin embargo, ni en el Centro de Detención Transitorio, ni en la URI de la Fiscalía, ni en la estación de Policía de Sincelejo hay hacinamiento. Según el alcalde, en el primero hay 50 detenidos, en la segunda, hay 37; y en la tercera, 37 también.

El problema entonces radica en dos cosas: primero, en la capacidad del municipio para administrar estos centros de reclusión temporales; segundo, en el dinero con el que cuenta para garantizar la alimentación y demás condiciones mínimas básicas de los privados de la libertad.

“Honestamente, lo estamos operando sin la experiencia, un tanto improvisado, porque los municipios no tienen la capacidad ni el potencial de personas que atiendan este tipo de centros transitorios”, afirmó el alcalde en conversación con este medio.

Actualmente, hay una inversión de 3.000 millones de pesos, aproximadamente, que se han usado por tres años para cubrir lo siguiente: alimentación de los detenidos (desayuno, almuerzo y comida), arriendo y servicios de luz, gas y gua. Sin embargo, adicional a eso, la administración tiene que costear una vigilancia privada, ya que no cuenta con el personal capacitado para esa tarea.

Según el alcalde, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) prestó el servicio de alimentación de los detenidos hasta antes de la pandemia por covid-19. Luego, esa responsabilidad regresó a manos de la alcaldía. En ese sentido, los gastos para la administración se incrementaron.

Con respecto a la salud de los reclusos, que según la Procuraduría tampoco está garantizada, el funcionario aseguró que es la Empresa Social del Estado (ESE) municipal la que presta los servicios de salud en dichos centros de detención.

“Tenemos la ESE municipal que nos presta el servicio de atención a ellos (...). Si es una cita médica que le corresponde, se la otorga el juez. Pero, si es una urgencia, ahí de una opera la urgencia que tenemos nosotros de la ESE municipal”, explicó el alcalde.

Dentro de sus hallazgos, la Procuraduría informó que en la URI solo hay una batería sanitaria y una ducha para 34 personas privadas de la libertad, que fueron censadas en junio. En el Centro de Detención Transitorio la situación es parecida.

“Tenemos 11 carceletas, entre esas 11 están divididos los detenidos; algunas de cinco, otras de cuatro, otras de tres (...). Tenemos una oficina de audiencia, tenemos una sala para abogados, un patio, una batería sanitaria que está dispuesta para todos y cada uno de los detenidos allí.

El alcalde reconoce que las infraestructuras de la URI y de la estación de Policía, sobre todo, no son adecuadas. “Hemos establecido de que se necesitan unos recursos para la construcción de una infraestructura adecuada que cumpla con lo requerido, con esos requisitos mínimos nos está solicitando es la Procuraduría. Es una inversión supremamente cuantiosa. Nosotros ya estamos dejando eso estipulado dentro del presupuesto de inversión para el próximo año”, sostuvo Andrés Gómez.

El alcalde Andrés Gómez se refirió también a la situación de los reclusos sin arraigo, es decir, aquellos que no son de Sincelejo, pero que están detenidos en los centros de reclusión temporales del municipio.

“En la URI de la Fiscalía tenemos entendido que hay 37 (detenidos), pero de esos 37 solamente tienen arraigo de Sincelejo 20, quiere decir que el resto es del departamento y ellos deberían estar en otras Unidades de Reacción Inmediata que no fueran las de Sincelejo”, aseguró el funcionario municipal.

Esta situación también implica gastos adicionales que salen del bolsillo de la Alcaldía de Sincelejo, pero que, de acuerdo con Gómez, deberían salir de los municipios de donde son originarios los reclusos y de la Gobernación.

A todo lo anterior se suma un problema más; un convenio con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que no ha podido firmarse. Este, buscaría que los reclusos sin arraigo sean trasladados a la cárcel La Vega, ubicada también en Sincelejo. De esta manera, los gastos de la administración podrían aliviarse.

Sin embargo, el convenio que se pactaría entre las partes presenta un problema para la alcaldía. “No hemos podido firmar convenio porque la condición que coloca es que tenemos que firmarla con sobresueldos”. Esto quiere decir, que la administración municipal tendría que pagar una remuneración adicional a los dragoneantes y demás funcionarios del Inpec que presten estos servicios.

“Si nosotros firmamos ese convenio con sobresueldo, estamos asumiendo responsabilidades laborales que muy seguramente en un futuro nos pueden causar algún tipo de problema en lo jurídico”, explicó el alcalde.

Según Gómez, ya se adelantó una mesa de trabajo con el equipo jurídico del Inpec para dar solución al tema y eliminar esa cláusula del convenio. Pero, el instituto mantuvo la exigencia del pago de sobresueldos por parte de la administración municipal.

Andrés Gómez se mantiene en que la administración municipal está cumpliendo con su responsabilidad, por lo menos, en el Centro de Detención Transitorio. Sin embargo, la situación es problemática en la URI y en la estación de Policía.

“Con respecto a los que están en la URI y los que están en la estación de Policía, estamos en un plan con ellos y en mesas articuladas tanto con Fiscalía como con la Policía para prestar los servicios que a nosotros nos competen”, aseguró el funcionario.

Ahora bien, ante las dificultades que se han presentado con el Inpec, el alcalde hizo un llamado a la Procuraduría para que “presione” al instituto para que se elimine del convenio la cláusula que exige el pago de sobresueldos a la administración municipal.

“Nosotros no tenemos recursos y ahí vienen las limitaciones. Es el llamado que le hacemos al Gobierno departamental a que se vincule también en el apoyo a esta problemática que tenemos que es de interés de todos”, concluyó el alcalde.