Ministro de Justicia prorrogaría ley de justicia y paz en lugar de promover el proyecto de ley de sometimiento en el Congreso

A tres días del inicio de un nuevo periodo legislativo, pactado para el jueves 20 de julio de 2023, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, se pronunció acerca de la posibilidad de presentar el proyecto de ley de sometimiento, el cual se hundió en el anterior periodo en el Congreso.

Osuna manifestó que en la actualidad existen otras iniciativas que van en concordancia con el plan y que están estudiando si presentan de nuevo la reforma o analizan si es mejor prorrogar la ley de justicia y paz, como se conoce la Ley 975 de 2005.

En caso de que se decida impulsar la iniciativa, el ministro indicó que el articulado propuesto debe pasar por el Consejo de Política Criminal y por el Ministerio de Hacienda, antes de que se empiece un posible trámite en Senado y Cámara.

“Otra posibilidad sería intentar fusionar lo mejor de un proyecto con uno con lo mejor del otro. Todo eso es lo que estamos trabajando. Y presentarlo a manera de prórroga de la ley de justicia y paz, pero a mí la que más me gusta, personalmente, es la que presentamos el semestre pasado”, añadió.

El 22 de junio de 2023, desde Complejo Penitenciario de Picaleña (COIBA) de Ibagué, en donde también habló de la situación de las cárceles en el país, Osuna había manifestado que la intención del Ejecutivo era presentar de nuevo el proyecto de ley. En ese entonces, el objetivo era que llegara “más robusto”, en pro de ser aprobado en el Congreso.

“Las sesiones ordinarias terminaron, pero el Congreso sigue, el Gobierno sigue. Entonces aquellos proyectos que son prioritarios para el Gobierno del Cambio los volveremos a presentar”, manifestó el titular de la cartera, con lo que remarcó el objetivo del Ejecutivo de avanzar en el propósito de la paz total.

El proyecto previo, que no fue aprobado por la Comisión Primera del Senado, incluía una pena de prisión de entre seis y ocho años, además de cuatro años de vigilancia. Además, existe la posibilidad de que aquellos que opten por obedecer mantengan el 6% de sus bienes para incentivarlos a entregar las armas y renunciar a la actividad delictiva.

Los condenados que ya estaban cumpliendo su sentencia podían, en este proyecto, pagar 10 años de pena y esperar 18 meses más para firmar el acta de sometimiento y ser excarcelados.

Por lo pronto, con este nuevo pronunciamiento, el titular de la cartera dijo que en las próximas semanas se examinará esta posibilidad y, en caso de ser viable el documento del proyecto de ley de sometimiento, se presentará en la nueva legislatura del Congreso; en relación con el desescalamiento de los grupos armados al margen de la ley, que carecen de estatus político.

Si se aprueba la prórroga de la ley de justicia y paz, el proyecto de ley de sometimiento finalmente será descartado. En la anterior legislatura la iniciativa fue impulsada por los senadores Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, y Carlos Fernando Lozada, más conocido con el remoquete de Iván Gallo, del partido Comunes.