Violenta pelea en un centro de detención en Buenaventura deja hasta el momento 18 heridos

En las últimas horas del domingo 16 de julio se registró una fuerte disputa en el centro de detención transitorio Marte de Buenaventura cuando internos de los patios 1 y 2, quienes serían miembros de las bandas delincuenciales que operan en el distrito, iniciaron una riña.

Como resultado del altercado 18 personas privadas de la libertad resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital Luis Ablanque, de la Plata, donde fueron atendidos y están fuera de peligro. Uno de ellos requirió una intervención quirúrgica en su rostro.

Este centro de detección cuenta con una capacidad para albergar a 100 internos, sin embargo, actualmente son 382 privados de la libertad los que permanecen en el sitio.

Las autoridades lograron intervenir la riña para evitar un posible motín. Hasta el momento, no se ha emitido un reporte oficial que indique las razones de la disputa, aunque al parecer serían diferencias generadas por temas de intolerancia.

El viernes 7 de julio del presente año -2023- se expuso el caótico panorama que se registra en el lugar de detención transitoria, denominado Marte, en la estación Cascajal de la Policía Nacional, en el centro de Buenaventura, la cual fue analizada en la Mesa Penitenciaria Regional.

Según comentó durante la jornada el alcalde de Buenaventura, Víctor Hugo Vidal Piedrahíta: “En este caso concreto, la crisis la tenemos en la estación de Marte, que desde algunos años se ha habilitado como lugar de detención transitoria y que, en la actualidad, no están en las mejores condiciones”.

El mandatario local agregó que “entre todas las instituciones que conforman la Mesa Penitenciaria Regional, se acordó implementar soluciones inmediatas para mejorar las condiciones de estas personas. Anunciando algunas medidas a implementar como; en primera instancia, unas brigadas de salud y jurídicas. Asimismo, se les mejorará la alimentación y se les dotará de colchonetas y kits de aseo, entre otros beneficios”.

A su vez, el delegado del Defensor del Pueblo para la Política Criminal y Penitenciaria, Alberto Gómez Amín, destacó que “el balance de la Mesa fue muy positivo. Nos acompañó el alcalde, el secretario de Seguridad Ciudadana, la Fuerza Pública, la Rama Judicial y entidades del Gobierno Nacional y quedaron establecidos compromisos importantes en materia de intervención en el Centro de Detención Transitoria denominado Marte, que tiene una población hacinada de más del 300%”.

Durante la reunión también se trató el tema de 23 personas que se encuentran detenidas en la Estación de Guardacostas del Pacífico, que tampoco cuenta con las condiciones favorables para ellas. “Se logró que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) las traslade de ese sitio y que no vuelva a ser ocupado por como lugar de detención de personas”.

Las Mesas Penitenciarias Regionales son una estrategia que se creó para evaluar y hacer cumplir la Ley 65/93, que regula el Código Penitenciario y Carcelario en Colombia, además de la verificación de las medidas de aseguramiento, la ejecución de las penas privativas de la libertad personal y de las medidas de seguridad. Estas Mesas vigilan el sostenimiento y mantenimiento de los sindicados o detenidos preventivamente en las diferentes cárceles y o centros de retención transitoria en el país.

En el panorama nacional la Policía puede capturar a una persona que esté cometiendo un delito (en flagrancia) o por una orden de captura expedida por una autoridad judicial. En cualquiera de los casos tras la detención la persona es trasladada a celdas transitorias (CAI) o una estación de Policía, o centros de la Fiscalía, mientras un juez de control de garantías verifica si en la misma se respetaron los derechos del detenido.

Según información del portal web Dejusticia, luego de la captura, la persona tiene derecho a: guardar silencio, ser informada de sus derechos, los cargos por los que fue detenida, y a hacer una llamada.

Además, la legalización de la captura se tiene que hacer en las 36 horas siguientes a la misma porque si no, es ilegal. Incluso, cuando en las audiencias de legalización de captura se comprueba que superó ese tiempo, los jueces deben ordenar la libertad del detenido.

En esa etapa del proceso judicial cuando el capturado es presentado ante un juez, la persona tiene derecho a contar con un abogado que lo represente y lo acompañe en el proceso. Ese abogado puede ser de confianza, contratado por el detenido, o de oficio, provisto gratuitamente por la Defensoría del Pueblo.