El 13 de julio, Elí Mendoza, alias Martín Sombra, dijo ante la Jurisdicción Especial para la Paz que fue él, al mando del frente Aureliano Buendía de las Farc, el responsable de la masacre de Mapiripán. Esta confesión no cayó bien a las Víctimas de la Masacre de Mapiripán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Humanidad Vigente Corporación Jurídica, que dijeron que Martín Sombra le está mintiendo a la JEP.
“Las afirmaciones de Elí Mendoza son mentiras evidentes en el plano de la justicia transicional, lo cual sumado a la filtración selectiva de una audiencia reservada, sólo contribuye a distorsionar públicamente la verdad sobre un episodio de violencia grave para el país, con el interés de favorecer a los perpetradores, revictimizando a las víctimas, sus reivindicaciones y sus memorias”, señalaron desde Cajar, que tomó la vocería de los demás colectivos
Los argumentos de las víctimas para decir que ‘Martín Sombra’ miente
En un comunicado publicado en la página de Cajar, los representantes de las víctimas de la masacre de Mapiripán reseñaron las distintas decisiones judiciales en las que la responsabilidad de esta le fue endilgada a grupos paramilitares en contubernio con miembros de la Fuerzas Militares, así como la reivindicación de la masacre que hizo en su momento el máximo comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castaño.
“Las declaraciones de Elí Mendoza, contrarían el pronunciamiento público realizado pocos meses después de la masacre por el entonces comandante paramilitar Carlos Castaño, quien reivindicó 49 muertes y anunció que habría “muchos más Mapiripanes”; y también los hechos probados y esclarecidos por diferentes instancias judiciales nacionales e internacionales”, adiverten desde Cajar en un comunicado
Los colectivos que representan a las víctimas reseñaron que, desde que ocurrió la masacre hace 26 años, han sido condenados 24 integrantes de grupos paramilitares y seis agentes estatales y que otros continúan bajo investigación. También advierten que estas decisiones judiciales, en conjunto, “han confirmado la responsabilidad de grupos paramilitares e integrantes de las fuerzas militares en una operación conjunta”.
“En estos términos fue establecido por el Juzgado Tercero Municipal de Villavicencio que condenó a los paramilitares Elkin Casarrubia Posada y Dumar de Jesús Guerrero Castillo por estos hechos, luego de su aceptación de cargos”
Además, recordaron las condenas al excoronel del Ejército Hernán Orozco Castro y al exgeneral Jaime Humberto Uscátegui, excomandante de la VII Brigada del Ejército, que fueron ratificadas por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2014; así como que en el marco de Justicia y Paz “varios exintegrantes de los grupos paramilitares aportaron detalles de la masacre”.
“A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), concluyó el 15 de septiembre de 2005 la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la masacre, en razón de la actuación conjunta de agentes estatales con el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia AUC, decisión que estuvo precedida por un reconocimiento parcial de responsabilidad”, advierten los representantes de las víctimas
Llamado a la JEP
Las Víctimas de la Masacre de Mapiripán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Humanidad Vigente Corporación Jurídica le hicieron un llamado a la JEP para que “active el incidente de verificación de incumplimiento del régimen de condicionalidad al compareciente Elí Mendoza, dado que la falsedad de sus declaraciones configura un grave incumplimiento de las condiciones de sometimiento a la Jurisdicción transicional”.
Y denunciaron que la ‘confesión’ de Martín Sombra “constituye una revictimización y pone en riesgo a víctimas y familiares que, durante más 26 años, han luchado por el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia, reparación integral y garantías de no repetición”.
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