La Uspec garantizará la alimentación de reclusos en estaciones de Policía y URI del país: Procuraduría festejó la prórroga

Luego del revolcón ocasionado por la decisión de la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), de finalizar el contrato que provee de alimento a miles de personas privadas de la libertad a partir del 31 de julio de 2023, y que dicho anuncio encendiera las alertas de distintas entidades ante una crisis en los centros penitenciarios transitorios y estaciones de Policía, en las últimas horas la Procuraduría General de la Nación celebró la decisión anunciada por el Ministerio de Justicia.

Por medio de un comunicado, el ente de control informó que la Uspec prorrogó el contrato tres meses; es decir, la entidad garantizará la alimentación de al menos 14.529 privados de la libertad en las estaciones de Policía y URI de todo el territorio nacional, hasta el 31 de octubre de 2023. La decisión fue tomada luego de los argumentos entregados por la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría en los que se advertían posibles disturbios dentro de las estaciones, por la falta de alimentos, que se constituye también en una violación a los derechos humanos de los privados de la libertad.

Y es que la participación de la Uspec en la entrega de kits alimentarios en todo el territorio nacional resulta vital. Según informó la Defensoría del pueblo, la entidad suministra la alimentación al 75% de los indiciados que están en estos centros de detención transitorios, del total de 17.500 internos que permanecen en las URI y estaciones de Policía.

Luego de conocerse la decisión, Carlos Camargo Assis, defensor del pueblo, aseguró que “con este acuerdo se garantiza la prestación del servicio de alimentación en los centros de detención transitoria”. Así mismo, el funcionario pidió compromiso por parte de los entes encargados. “Desde la Defensoría del Pueblo esperamos que se mantenga el ánimo constructivo de la mesa para que el acuerdo se cumpla a cabalidad y se garantice el derecho al mínimo vital de alimentación para los privados de la libertad que están en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata”, señaló el funcionario.

En esa misma línea, la Procuraduría informó que, por medio de una línea legislativa, buscará que la Uspec adquiera funciones transitorias para que continúe con la prestación del servicio de alimentación de los reclusos, al menos, hasta junio de 2024, fecha en la que los entes territoriales tendrán que asumir los rubros por alimentación de los privados de la libertad.

La decisión de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios no fue bien recibida por entes de control ni alcaldes del país, a pesar del argumento dado por la Uspec, en el que destacaba la sentencia de 2022 de la Corte Constitucional, que encargó a las entidades territoriales de la responsabilidad de alimentar a los privados de la libertad.

Sin embargo, cuando se conoció la noticia, Asocapitales y Asointermedias, alegaron que la decisión de la Uspec de suspender los contratos era contraria a lo determinado por la corte, que ordenó en su momento la responsabilidad de la entidad para “asesorar, acompañar y cofinanciar a las entidades territoriales”

Además, los alcaldes informaron que dicha unidad posee el capital necesario para seguir sosteniendo la alimentación de los reclusos, mientras se establecen los presupuestos de los entes territoriales para adoptar la medida de la Corte Constitucional. “En 2023, le fueron asignados $647 mil millones de pesos para la alimentación de las personas privadas de la libertad incluidas las que se encuentran en las URI y estaciones de policía”, señaló un comunicado.

Asimismo, los mandatarios locales indicaron que también es deber de la Uspec responder por, al menos, los 1.600 detenidos a los que ya les fue asignada su condena, pero no han sido trasladados a un centro penitenciario por la sobrepoblación que presentan las cárceles del país.