Inseguridad en Bogotá: homicidios y hurtos tienen en vilo a los ciudadanos, según informe

El primer foro de “Camine Le Contamos Bogotá” estuvo enfocado en la seguridad. Para comprender lo que pasa en esta materia, Probogotá realizó un diagnóstico de los principales indicadores y conversó con tres voces autorizadas del sector, los exsecretarios de Seguridad de Bogotá Hugo Acero y Daniel Mejía, y la abogada y experta en seguridad y justicia, Mónica Pedraza.

Entre los datos más relevantes está la reducción de la tasa de homicidios en la ciudad, que es la más baja de las últimas cuatro décadas, sin embargo, el 77% de los bogotanos considera que la inseguridad aumentó y el hurto a personas tuvo un incremento del 26%. En cuanto a violencia intrafamiliar, en el 2022 se presentaron casi 30 mil casos, la cifra más alta en toda la historia.

La ciudad tiene 194 policías por 100.000 habitantes, mientras que el promedio global es de 300 policías por 100.000 habitantes. Ocho de cada diez ciudadanos en Bogotá tiene necesidades jurídicas insatisfechas y hay un hacinamiento del 16.5% en las tres cárceles de la ciudad.

Daniel Mejía, que estuvo al frente de la seguridad durante el segundo mandato de Enrique Peñalosa, sostuvo que “al cierre de este semestre los homicidios subieron al 10,5%, el hurto a personas subió por encima del 22%, a residencias se incrementó en un 25% y el de automotores en 6%. Entonces, a menos que corrijan de manera rápida y el segundo semestre se comporte mejor, la alcaldesa Claudia López va a salir con los indicadores en rojo en los delitos de alto impacto, que son los violentos y los que primordialmente afectan la seguridad”.

“Estoy de acuerdo que el tema número uno de preocupación hoy es el hurto a personas, ese es el gran reto a enfrentar”, subrayó Mejía.

Para Hugo Acero, que estuvo al frente de la secretaría en la primera parte del gobierno de Claudia López, el crimen en la ciudad es cada vez más estructural y organizado.

“Cerca del 55% de los casos de violencia tienen que ver con sicariato, no con convivencia, sino con estructuras criminales. Los desmembrados tienen que ver con estructura criminal, otro 13% o algo menos, de personas mueren o son asesinadas en medio de un atraco o hecho delincuencial. Entonces, tenemos por delincuencia algo más del 60% de muertes y ahí hay que concentrar los esfuerzos”.

“Hay que hacer frente a esta criminalidad, que también tiene que ver con los hurtos. Por ejemplo, el robo de celulares no es de gente que va a ver qué consigue para la comida, algunos desde luego están en esa situación, pero la gran mayoría de celulares se lo roban para exportarlos”, agregó Acero.

Mientras que para Mónica Pedraza, “el feminicidio está disparado. En materia de justicia el problema es tremendamente delicado. En la revisión de las cifras con corte a marzo de este año, la Secretaría de Seguridad evidencia que se disminuyó el acceso a las casas de justicia. En el análisis de la violencia intrafamiliar se deben tener en cuenta transformaciones culturales, situación urbanística, complicaciones económicas, seguridad alimentaria y oferta social”.

Además, afirmó que “hay que articular de manera correcta la oferta social de atención con la demanda de justicia. Hay una demanda de justicia creciente por violencias contra las mujeres y una oferta muy restringida de los cupos de este servicio para las mujeres que tiene la Secretaría de Integración Social. Ese cupo es muy limitado. Entonces las mujeres presentan la denuncia, pero tienen que ir a la casa a que las violenten. Hay estudios que demuestran que el riesgo de homicidio se dispara en las mujeres cuando presentan la denuncia, si no las sacan de la casa”.

Para Mejía, más allá de tener cámaras, se debe garantizar su operatividad. “En muchos casos, las cámaras están instaladas, pero están sucias, un árbol no se ha podado y no tienen visual. El cálculo que yo hacía cuando proyectamos 4.500 cámaras es que solo el mantenimiento podría costar alrededor de 10 mil millones de pesos al año, pero es una inversión. Imagínense uno tener 4.500 cámaras y la mitad desconectadas “, precisó.

Sobre los robos en TransMilenio, Mejía indicó que la probabilidad de captura de los delincuentes en el sistema de transporte es baja. “Es menos del 2% o 3%, y en muchos casos la policía los monta a la camioneta y ni siquiera los lleva a la URI porque no tienen evidencia probatoria para ponerlos a instancias de un fiscal”.

Los tres panelistas coincidieron en la necesidad de articular los esfuerzos de seguridad a nivel distrital y nacional.

“Mi crítica fundamental a la labor que ha ejercido la alcaldesa en materia de seguridad, es la constante pelea con la Policía, la Fiscalía, los migrantes venezolanos, los empresarios, los gremios y con el gobierno nacional. Esas discusiones hay que darlas en privado”, dijo Mejía.

Por su parte, Pedraza resaltó que es trascendental que los nuevos mandatarios tengan una relación adecuada con la policía. “Hay asuntos que por su delicadeza y por su carácter técnico deben ser discutidos a puerta cerrada. Hay que restablecer los niveles de confianza para que no afecten la seguridad. La Policía es determinante en el control del territorio”.