El senador del Partido Comunes Pablo Catatumbo, al que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le imputó delitos de lesa humanidad en las últimas horas, se pronunció junto a otros de sus excompañeros en las Farc, a través de un comunicado. Los firmantes del Acuerdo de Paz se mostraron “preocupados” por la reciente decisión del tribunal de justicia transicional.
A 15 exintegrantes de la hoy desmovilizada guerrilla los encontraron responsables de los delitos del Caso 02, en el que se contemplan varios crímenes de guerra, cometidos entre 1990 y 2006 en el Pacífico colombiano. Al respecto, dieron sus primeras impresiones al respecto.
“Respetamos las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz, como órgano judicial creado en el Acuerdo Final que debe garantizar la seguridad jurídica de quienes comparecemos ante ella, por lo que es importante aclarar que pese la importancia de este Auto, el mismo no es una sentencia condenatoria”, dijeron.
Además, los exguerrilleros se mostraron desconcertados por la acusación por crímenes contra los pueblos raizales de Colombia, como la violencia sexual, y aseguraron que jamás la usaron como retaliación política en departamentos como en Nariño que, de acuerdo con la JEP, fue uno de los territorios más azotados por las hoy extintas Farc.
“Recibimos con preocupación la determinación en relación con el exterminio y persecución de pueblos étnicos (...) nuestro objetivo nunca fue atacar a estas poblaciones en razón a su pertenencia étnica por lo que valoraremos en detalle los argumentos planteados por la JEP”, señalaron.
“Si bien sabemos y hemos reconocido en varios escenarios nuestra participación en hechos victimizantes y que causamos daños a estas comunidades en el marco del conflicto armado del que hicimos parte, también sabemos que las afectaciones que han sufrido no inician con las FARC y que las mismas continúan pese a que nosotros dejamos las armas”, aseguraron.
En esa línea, reiteraron que sus objetivos como una de las guerrillas más poderosas de Colombia jamás fue “atacar a estas poblaciones”, refiriéndose a los afrocolombianos nariñenses, y de alguna forma destacaron la labor de los magistrados del tribunal que cobró vida tras los acuerdo de paz firmados en el 2016 entre las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón.
“Valoraremos en detalle los argumentos planteados por la JEP para llegar a esta conclusión, tal como con los hechos de violencia sexual, pues no responde a los objetivos y motivaciones que tuvimos como organización”, precisan.
Antes de finalizar su pronunciamiento, los militantes del partido Comunes hizo un llamado para que los militares y policías dejen sus nexos presuntamente ilegales e, igualmente, contribuyan con la construcción de paz en la nación.
“Hemos venido aportando verdad en cumplimiento de lo acordado, pero también consideramos importante y necesario que la línea de investigación en relación con la Fuerza Pública, sus vínculos con grupos paramilitares y otros actores armados, brinde prontos resultados, debido a que solo se logrará comprender la magnitud de este conflicto cuando todas las partes involucradas reconozcan lo que les corresponde”, finalizaron.
La imputación por parte de la JEP se dio luego de que Jorge Torres Victoria, el nombre de pila del hoy senador Pablo Catatumbo, compareciera hace unos días en la audiencia de observación de la JEP por el caso 01, en el que lo vincula con los secuestros cometidos por las Farc durante el conflicto armado.
En esa audiencia también comparecieron Rodrigo Londoño Echeverry, Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, miembros del exsecretariado de la antigua guerrilla, que participaron en estructuras como la Columna Móvil Daniel Aldana, Columna Móvil Mariscal Sucre y el Frente 29.
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