Excombatientes de las Farc piden que sus seguros exequiales sean reactivados: “Seguimos en la lógica de asesinatos de los firmantes”

En lo corrido de 2023 han sido asesinados 22 firmantes de paz en Colombia, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Ellos hacen parte de los 378 reincorporados que han sido víctimas de homicidio desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz en 2016, entre el Estado colombiano y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).

Desde el Componente Comunes del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) denunciaron que la situación de violencia que viven se agrava ahora que ya no están cobijados por los servicios exequibles de los que son beneficiarios como reincorporados.

“Hacemos un llamado para que los seguros exequiales que funcionaron hasta el 5 de julio sean reactivados. Desafortunadamente, seguimos en la lógica de asesinatos de los firmantes, en los últimos dos asesinatos que tuvimos en Tolima y en el Puerto Rico, Caquetá, ya no se tuvo acceso al seguro”, señaló en Twitter Laura Vega, delegada del Componente Comunes CNR.

De acuerdo con la delegada, la falta de servicios exequiales representa una dificultad más que los familiares de las víctimas deberán asumir, pues el vencimiento de estos implica que tengan que costear ellos mismos los gastos funerarios que requieran para sus seres queridos.

“Eso coloca en una situación difícil a las familias de escasos recursos que no pueden cubrir todos estos gastos. Entonces es un dolor más para las familias, entonces solicitamos que puedan ser reactivados cuanto antes”, añadió Vega.

En la petición, publicada en Twitter por el Componente Comunes del CNR, se hizo un llamado urgente a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, a la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y a los países garantes del Acuerdo de Paz.

De acuerdo con el Auto SAR AI 067 de 2021 emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la ARN es la responsable de adelantar actuaciones específicas a favor de las familias de excombatientes asesinados.

En esa medida, por orden de la JEP debe cumplir con las siguientes responsabilidades:

1. Garantizar el pago del seguro de vida por la muerte de los excombatientes a sus beneficiarios
2. Efectuar el pago de los gastos funerarios de los excombatientes

Asimismo, quedó bajo su responsabilidad garantizar el ingreso básico a los hijos e hijas de reincorporados asesinados. Esto, “hasta tanto se hayan implementado efectivamente acciones de acompañamiento de las familias de los reincorporados que hayan tenido que abandonar los ETCR y de los excombatientes que hayan sido asesinados”, puntualizó la JEP en su decisión.

Las órdenes de la Jurisdicción surgieron ante la realidad de desprotección de los firmantes. Pues, según indicó la ARN a la JEP, cuando un reincorporado fallece, el ingreso básico del que se beneficiaba se suspende inmediatamente y no puede ser transferido a ningún familiar. De ahí la medida que garantiza el pago de ese subsidio a los hijos e hijas de los firmantes asesinados.

Además, de eso, “no garantiza el pago de las pólizas respecto de los combatientes asesinados, por lo cual es claro que estas personas quedan en una situación de desprotección”, se lee en el Auto de la JEP.

Así las cosas, “se ha brindado acompañamiento a las familias de las personas en reincorporación fallecidas, que de acuerdo a sus necesidades y expectativas han acudido para orientarlos frente a Seguro de Vida y Auxilio Funerario”, aseguró la ARN, citada en el auto.

Por la inseguridad de los reincorporados en Colombia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en cabeza de Danilo Rueda, se pronunció recordando la las exigencias que se tienen para continuar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y con cualquier otro grupo armado ilegal.

“Reiteramos que una exigencia principal en ese proceso es el respeto a la vida y las libertades de los firmantes de paz”, se lee en el comunicado.

Asimismo, aseguró que ya se han adelantado acciones para garantizar la protección de los firmantes de paz. “Este Gobierno reconoce que la responsabilidad por la protección de la vida y las garantías de seguridad de la población firmante recae enteramente en el Estado. Por eso, de manera transversal y más allá de los escenarios de diálogo, se han adoptado todas las medidas pertinentes para su protección”.

Sin embargo, varios de los asesinatos de reincorporados no han sido esclarecidos y, además, la población desmovilizada sigue siendo estigmatizada por la sociedad.

“La muerte violenta de un solo firmante de paz es inaceptable y vemos todo acto violento en contra de la población firmante como una afrenta a los esfuerzos y anhelos de paz de la gran mayoría de la sociedad colombiana, que está hastiada de la violencia”, sostuvo la Oficina del Alto Comisionado en el documento.