El lunes 10 de julio se llevó a cabo la operación ‘Nuevo Horizonte’ en la que cayó el clan del Cóndor, liderado por Edicto Segundo Catañeda, alias ‘Cóndor’, quien se comunicaba en idioma wayuunaiki para enviar cocaína a Estados Unidos, junto con el artista vallenato Enaldo Barrera, Diomedito, y otros 16 integrantes de ese grupo delincuencial.
En el marco de esa operación, el director general de la Policía, William Salamanca, confirmó que ese grupo trabajaba con el cartel mexicano de Sinaloa, red delincuencial que tiene presencia en cuatro departamentos de la costa Caribe.
“Una poderosa organización criminal con tentáculos con el cartel mexicano de Sinaloa, dirigido por Ismael ‘el Mayo’ Zambada García”, declararon las autoridades a través de un comunicado. Adicionalmente, el director de la Policía confirmó que el clan del Cóndor, en coordinación con el cartel de Sinaloa, tenía injerencia en La Guajira, Atlántico, Bolívar y Magdalena, enviando a Centroamérica y Estados Unidos más de 90 toneladas de droga, valoradas en 1.800 millones de dólares.
De acuerdo con las autoridades, el cartel de Sinaloa coordinaba más de 30 envíos de droga a territorio centro y norteamericano desde el 2021, usando la ventaja del idioma wayuunaiki y los asentamientos de la comunidad indígena wayúu para moverse libremente entre Colombia y Venezuela, principalmente en las aguas del Golfo de Coquivacoa, por donde trasladaban la droga.
No es el primer reporte
La confirmación de la Policía sobre el accionar del cartel de Sinaloa en Colombia no fue la primera alerta emitida por autoridades nacionales. Desde el 2018 la Defensoría del Pueblo anunció la presencia de esa red de narcotraficantes en Colombia.
“En la alerta temprana 020 de 2018, la Defensoría del Pueblo advirtió que en Barranquilla, se estarían llevando a cabo encuentros con el crimen trasnacional a fin de consolidar relaciones económicas; en ese momento, la alerta hizo referencia al Cartel de Sinaloa; sin embargo, de acuerdo al monitoreo llevado a cabo por el Sistema de Alertas Tempranas, se pudo identificar que existen por lo menos tres estructuras más que estarían haciendo presencia en el área metropolitana de Barranquilla”, reseñó la Defensoría.
El pasado 26 de junio, en la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), instaurada por la entidad garante de los derechos y la Procuraduría General de la Nación se recalcó sobre la presencia del cartel de Sinaloa en la costa Caribe del país.
El defensor del Pueblo Carlos Camargo y la procuradora Margarita Cabello indicaron que en la capital del Atlántico y los municipios circunvecinos de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia, hay presencia del clan del Golfo, así como de los grupos delincuenciales Los Meleán, Tren de Aragua, cartel de Sinaloa y cartel de los Balcanes.
De acuerdo con las entidades estatales, estos grupos de narcotraficantes cometen delitos, como homicidios selectivos, extorsiones, amenazas y desplazamientos internos, para quedarse con el control de las rutas del narcotráfico en la costa Caribe del país.
La Defensoría del Pueblo pudo establecer que el cartel de Sinaloa desarrolla su accionar en los corredores estratégicos cercanos al río Magdalena y el mar Caribe. La entidad agregó que la peligrosa red de narcotráfico mexicana tiene como principales aliados en esa zona del país a los Costeños, grupo armado que se adjudicó la masacre del clan Vega Daza, y a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), subestructura del clan del Golfo.
Según el ente de los derechos humanos: “Barranquilla se ha posicionado como un sitio de concertación y fortalecimiento, un corredor estratégico, y un territorio que facilita el aprovisionamiento logístico, militar, de coordinación política y estratégica para el establecimiento de acuerdos con organizaciones criminales de carácter internacional, como el cartel de Sinaloa”.
Finalmente, la Fiscalía estableció que en la capital del Atlántico está operando una red de blanqueamiento de dinero y lavado de activos a través de la compra y venta de propiedades, y el uso de compañías que han recibido más de 100.000 millones de pesos de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que correspondientes a pagos anticipados por exportaciones que nunca se realizaron.
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