Chocó: alerta por aumento de deserción escolar y suicidios por reclutamiento forzado

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó sobre los hallazgos de la comisión especial del organismo de control en el departamento. Debido al reclutamiento forzado por parte de grupos armados al margen de la ley, miles de estudiantes han desertado de las escuelas. La entidad señala al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Clan del Golfo de estar perpetrando estas acciones violentas que ponen en riesgo la vida y el futuro de los jóvenes chocoanos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría departamental de Educación, 6.019 alumnos en Chocó dejaron sus estudios en 2022. La zona de San Juan es la más afectada, concentrando más del 54% de los casos de deserción escolar, por lo cual es catalogada por la Procuraduría como “el epicentro de la actual crisis humanitaria”.

Ante el temor de ser reclutados mientras se dirigen a las escuelas y colegios, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han tenido que recurrir al confinamiento o al desplazamiento forzado junto con sus familias.

Ahora mismo no se tiene una cifra exacta de menores reclutados por el ELN y el Clan del Golfo, pero las autoridades han dado un aproximado con respecto a 2023. “Según cifras de la Policía Nacional, de las cerca de 350 capturas realizadas en lo corrido del año, 58 de estas han correspondido a casos de recuperación de menores de edad”, indicó José Luis Martínez, asesor de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos.

En consecuencia, el organismo de control pidió apoyo del Gobierno. “Hacemos un llamado al Gobierno nacional y a las instancias departamentales y municipales para que adopten medidas urgentes y efectivas que garanticen el acceso a la educación de los menores de edad y que conviertan y hagan de estas instituciones educativas entornos seguros para estas personas”, aseveró la PGN.

Por otro lado, los casos de suicidio de jóvenes también prendieron las alarmas del organismo de control. “Una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado, es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”, aseguró el asesor delegado por la Procuraduría para liderar la comisión especial en Chocó, Jefferson Mena, citado por la entidad.

Según José Luis Martínez, los suicidios se han presentado en las comunidades étnicas del departamento. En abril de 2023 ya se había puesto sobre la mesa la situación y, de acuerdo con cifras del Consejo Territorial Indígena, en los primeros cuatro meses de 2023 al menos 15 indígenas se habían suicidado. Las edades de las víctimas oscilan entre los 12 y los 28 años.

La Defensoría del Pueblo alertó en su momento sobre esta situación y enfatizó en la relevancia de brindar una atención en salud mental a la comunidad, la cual debe ir de la mano con sus tradiciones.

“Es de suma importancia actuar cuanto antes. Las instituciones competentes deben aplicar el enfoque diferencial en esta problemática de salud mental causada por los efectos de las hostilidades a quienes están en medio del conflicto. Se requiere una atención inmediata que esté en consonancia con las prácticas tradicionales de armonización que solicitan las comunidades afectadas”, señaló Carlos Carmago, defensor del Pueblo.

Desabastecimiento para más de 9.000 personas

Comunidades del departamento denunciaron que la ayuda humanitaria de la que deberían beneficiarse nunca ha llegado. Esta contempla alimentos y artículos de primera necesidad. Y, funcionarios de la Unidad para la Atención de Víctimas (Uariv) aseguraron que eso era falso, la PGN pudo constatar con la Defensoría del Pueblo y entidades de cooperación internacional que, en efecto, las personas nunca recibieron las ayudas.

Esto se traduce en una crisis de desabastecimiento en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan, en donde más de 9.000 personas se están viendo afectadas.

“La Procuraduría pidió a las entidades del orden Nacional (Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas, Icbf, entre otras) así como a las fuerzas militares y autoridades locales, que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar la vida, alimentación, salud y libre movilidad entre otros derechos fundamentales de estas comunidades”, informó el organismo de control.