El canciller Álvaro Leyva, el 12 de julio, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde se presentó el informe trimestral de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que permita el sometimiento a la justicia transicional a otros actores del conflicto como los paramilitares. También solicitó a la JEP la apertura del macrocaso sobre la responsabilidad del Estado como actor del conflicto armado.
“Es importante que la JEP se ajuste a lo acordado en 2016, de tal forma que se ciña a las penas advertidas y acordadas en La Habana. En virtud de ser este un acuerdo con partes contratantes, estas podrían recurrir a instrumentos consignados en el Derecho Internacional Humanitario para hacer valer principios y perfeccionar textos que garanticen la paz”, comenzó diciendo el canciller.
En seguida, solicitó “quitar de por medio trabas que impiden el acceso de paramilitares a la Jurisdicción Especial para la Paz sin justificación alguna; la apertura del macrocaso de la responsabilidad del Estado por ser actor del conflicto armado, ya por acción, ya por omisión”.
La solicitud del canciller Leyva,para investigar la responsabilidad del Estado en el conflicto, no es nueva, pues en abril pidió al Consejo de Seguridad crear una Comisión Internacional de Investigaciones de la ONU para Colombia, y si bien no aclaró cuál sería el objetivo de esta comisión advirtió que el proceso de paz ha sido víctima de “entrampamientos” que obligan a la creación de esta o de un “Grupo de Expertos con el acompañamiento del secretario general de la ONU”.
“Algunos hemos considerado que lo que se buscó fue un entrampamiento a la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso siento como obligación llamar la atención sobre el Consejo de Seguridad porque si tenemos enemigos del proceso de paz. De allí, después de reflexionarlo, veremos si es conducente la creación de una Comisión Internacional de Investigaciones de las Naciones Unidas”
El canciller también se refirió al informe de la Misión de Verificación en el que quedó registrada una denuncia que hizo la JEP, el 6 de marzo, a exfuncionarios de la Fiscalía General de la Nación, a los que se señaló de, presuntamente, obstruir la justicia, así como de cometer fraude a resolución judicial y ocultamiento de material probatorio en el caso de alias Jesús Santrich, en 2018.
El informe de la Misión de Verificación
El 12 de julio, la Misión de Verificación presentó el informe del periodo entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2023. En este se exponen los progresos del Estado colombiano en la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016, en lo que tiene que ver con la reforma rural integral y el capítulo étnico del acuerdo. También se registraron los avances de la reintegración de los excombatientes de las Farc, así como las garantías de seguridad y sentencias restaurativas de la JEP.
Sobre el informe, el ministro Leyva dijo que desde el Gobierno nacional se han trabajado en una serie de iniciativas institucionales y legislativas “que nos permiten avanzar en este propósito. Ejemplos de esto son el Plan Nacional de Desarrollo y la nueva política de seguridad y defensa con énfasis en seguridad humana, el fortalecimiento del control territorial y el desmantelamiento de estructuras criminales”.
También ponderó que se ha trabajado en el desarrollo de una política exterior con enfoque de género en la que la paz sea construida “con las mujeres en todas sus diversidades, con la población LGTBIQ+ y reconociendo los retos que impone la interseccionalidad”.
Durante la presentación del informe de la Misión de Verificación, los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron su compromiso a la implementación de la Paz y celebraron la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, que incluye temas estratégicos del acuerdo como la Reforma Rural Integral y el respaldo al capítulo étnico.