Ante la situación de violencia que está padeciendo la población civil en el Valle del Cauca por cuenta de los grupos armados ilegales, los principales prelados del departamento hicieron un llamado para que los grupo armados ilegales den verdaderos gestos de paz.
La misiva fue suscrita por el arzobispo de Cali, el monseñor Luis Fernando Rodríguez, junto con los obispos de Palmira, monseñor Édgar de Jesús García Gil; Cartago, monseñor César Alcides Balvín Tamayo; Buga, monseñor José Roberto Ospina Leongómez, y de Buenaventura, monseñor Rubén Darío Jaramillo Montoya, quienes recordaron los graves hechos de violencia que están afectando a ese departamento.
“Conocedores de primera mano de la grave crisis social que atravesamos y de la dolorosa situación de incertidumbre, zozobra y miedos que buena parte de nuestra población está sufriendo a causa de los atentados, asesinatos, secuestros, desplazamientos, desapariciones, reclutamientos forzados, extorsiones y amenazas de diversa índole, especialmente contra jóvenes -hombres y mujeres- y empresarios pequeños y grandes, enviamos este mensaje en nombre de todos los que están sufriendo el flagelo de la violencia armada”, expresaron.
Señalaron que todos estos hechos conllevan a más violencia y el temor en la población solo trae la desesperanza para ellos, por eso instaron a que las estructuras criminales cesen sus acciones en contra de la población civil.
“En nombre de Dios, Señor de la vida y de la paz, pedimos que cese todo hostigamiento y atentado contra la vida y bienes de las personas y familias, así como los atentados contra la casa común. Ninguna muerte tiene justificación: ni la que brota de la violencia intrafamiliar, por ejemplo, lo acaecido en Tuluá hace pocos días; ni las que se dan por luchas territoriales, como en Buenaventura; o por controlar las rutas de la distribución de narcóticos, como en Jamundí; o las que puedan estar detrás de las centenares de muertes en este semestre en Cali y en todo el Departamento”, afirmaron.
Aparte de su llamado a los grupos armados al margen de la ley, también instaron a los representantes del Estado para que lleven desarrollo a estas poblaciones, ya que la injusticia social es una de las causas de la violencia.
“Unido a este clamor a los alzados en armas de todas las vertientes, hacemos un llamado a las autoridades civiles, para que, en los planes de acción social, junto con el Gobierno Nacional, hagan posible que se cumplan los acuerdos firmados con líderes y grupos sociales en orden a garantizar la superación de las causas que están llevando a este espiral de violencia”, indicaron.
Recordaron que el derecho a la vida es universal y trasciende los religioso y lo político, por lo que nadie puede atribuirse el poder de decidir quien vive o debe morir.
“El respeto de la vida humana no es asunto religioso, ni un capricho de la Iglesia Católica. Respetar la vida es un derecho fundamental que supera creencias y posiciones políticas, religiosas, ideológicas, sociales o culturales. Es un derecho natural”, concluyeron el comunicado, donde no dejaron de recordar la riqueza ambiental y humana que hay en esa región.
Se debe recordar que en esas poblaciones han sucedido graves hechos, como los homicidios en menos de 72 horas de tres funcionarios de tránsito en Tuluá, por cuyos asesinos ofrecieron una recompensa de 100 millones de pesos.
Mientras que en Buenaventura se conocieron recientemente videos de nuevas estructuras, derivadas de las que ya estaban establecidas en la ciudad portuaria, que prometieron un nuevo baño de sangre por lo que fue necesaria la militarización de varios barrios de esa ciudad.
Otra de las medidas de las autoridades en Buenaventura fue la publicación del cartel de los delincuentes más buscados en esa ciudad, por los que estaban ofreciendo hasta 200 millones de pesos por información que permitan su captura.