
Recientemente se conoció otro caso en el que la Fiscalía habría usado argumentos falsos para interceptar las llamadas de un familiar de alias el “Chatarrero”, como es conocido Jorge Alexander Pérez, investigado por ser uno de los autores del desfalco a los Juegos Nacionales de Ibagué en el 2015.
Se trataría de una maniobra similar a la que se le aplicó a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia, que se vio envuelta en un escándalo de chuzadas y que desató una polémica nacional.
En un documento revelado por El Espectador, logró comprobarse que a Olga Lucía Méndez Mora, esposa del chatarrero, le fueron interceptadas sus comunicaciones por orden de la entonces fiscal especializada Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas, quien argumentó en su momento que la mujer y su esposo eran “personas dedicadas al narcotráfico y que pueden estar integrando una organización criminal transnacional”.
Lo insólito del caso es que, a pesar de que a Jorge Alexander Pérez se le investiga por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, enriquecimiento ilícito e interés indebido en la celebración de contratos, cargos en los que se ha visto manchado el nombre de su esposa, a quienes se les sumó en marzo de 2023 el delito de lavado de activos que los llevó a la cárcel, lo cierto es que en el trámite que llevan ante las autoridades no se les ha sindicado de pertenecer a estructuras del narcotráfico en Colombia.
La autorización de la funcionaria para interceptar las comunicaciones de Méndez Mora se dio en el marco del proceso por celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y fue ordenada en septiembre de 2017.
Según constató el medio, las chuzadas solo fueron efectuadas el 6 y 7 de septiembre de ese año y en los audios nunca encontraron mayores indicios de conversaciones irregulares o ilegales, solo se trataba de diálogos entre una pareja de esposos común.

En los registros también se menciona que una semana después de la interceptación, el 13 de septiembre de 2017, Jorge Alexander Pérez fue detenido por el CTI de la Fiscalía y puesto a disposición de un juez de garantías para legalizar su captura como uno de los responsables del descalabro financiero a las justas deportivas de 2015.
Cuenta el expediente que Olga Lucía Méndez Mora denunció el caso de chuzadas en marzo de 2019 ante el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, Fabio Espitia, pero fue desestimado por el funcionario, al alegar que la fiscal Izquierdo Vargas tuvo un “lapsus cálami”, es decir, que todo se trató de un descuido de la encargada a la hora de ordenar la interceptación, y que todo se trató de un trabajo investigativo para dar con la captura de su esposo.
Sin embargo, concuerdan los expertos en que el actuar de la funcionaria fue inapropiado y que en su momento el ente de control no efectuó ningún trámite disciplinario en su contra. Por el contrario, Zeidy Jeaneth Izquierdo Vargas fue ascendida a directora de fiscalías en el Tolima, cargo que asumió hasta 2019. También determinaron que los argumentos de la entonces fiscal eran vagos y escuetos para un procedimiento del calibre que autorizó, como lo fue irrumpir en la privacidad de un civil.
Entretanto, luego de su retiro de la entidad, no se conoce de la vida de Izquierdo, mientras que el proceso contra la pareja ni siquiera ha empezado la etapa de juicio, a pesar de llevar en los estrados más de cinco años, razón por la que la pareja sigue gozando de libertad y a la espera del desenlace de su situación judicial por uno de los casos de corrupción más grandes del departamento del Tolima.
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