Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Nacional Especializada contra los Delitos Informáticos, presentó a dos intendentes (uno de ellos en retiro), tres subintendentes, un patrullero y una técnica de la Policía Nacional, señalados de ingresar irregularmente a los sistemas de la entidad para extraer información sobre una investigación que no estaba a su cargo.
De acuerdo con el ente investigador, los hoy procesados pertenecían a la Sijín del Departamento de Policía de Cundinamarca y a la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA). La Fiscalía detalló en un informe que los elementos de prueba dan cuenta de que los siete acusados se habrían articulado para acceder a dos bases de datos distintas, con el propósito de conocer las identidades y los números de contacto de los uniformados que tenían asignado un caso de contrabando.
“Se pudo verificar que estarían haciendo accesos a diferentes sistemas informáticos, de carácter misional, es decir institucional de la Policía Nacional, con el fin de consultar datos personales de otros policiales, y terminaron por obtener datos personales como nombres, cédulas, fotos entre otros datos que se encontraban consignados en esas bases de datos”, explicó la Fiscalía durante las audiencias preliminares.
Las bases de datos a las que habrían accedido los uniformados fueron el Sistema de Información para la Administración del Talento Humano y al Sistema de Información para la Gestión de Equipos Automotores. Luego de acceder a la información de sus colegas, los procesados los habrían contactado y ofrecido dinero a cambio de que les entregaran detalles de las investigaciones que lideraban. “Ustedes (los procesados) ofrecieron y dieron dinero a servidores públicos que estaban asignados o apoyando actividades investigativas”, señaló la Fiscal.
De esta manera, presuntamente, ubicaron a los investigadores encargados y les ofrecieron dinero para que contaran detalles sobre las personas que estarían involucradas y las actividades previstas.
Estas actuaciones ilegales ocurrieron en 2021. Los posibles responsables fueron capturados por miembros del CTI y la Dijín de la Policía en Bogotá. Los detenidos son:
- Subintendentes Edwin Arlex Gil Cortés y Diego Alejandro Sánchez Ome, y la técnico para el apoyo de la seguridad Mónica Alexandra Buitrago Morantes, señalados de acceder abusivamente a la plataforma de talento humano y al Sistema para la Información de Equipos
- Intendente Jeisson Eduardo Capera Jiménez, Intendente en retiro Alexander Garavito Neira, subintendente Héctor Fabián Mora Marcillo y patrullero Anderson José Mariño Patarroyo, quienes habrían ofrecido dinero a los uniformados encargados del caso.
La Fiscalía les imputó, de acuerdo con su posible participación, los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, violación de datos personales agravados y utilización ilícita de redes de telecomunicaciones, y cohecho para dar u ofrecer. Los procesados recibieron medidas aseguramiento, cuatro de estas privativas de la libertad.
A la cárcel ‘Pirulo’ y ‘Apache’ presuntos responsables de la lesión causada a un uniformado de UNDMO
Luego de 29 días de labores de inteligencia, se logró dar con la ubicación y posterior captura de dos sujetos, quienes al parecer habrían participado el 8 de junio de 2023 en las manifestaciones de la Universidad Nacional, donde resultó gravemente lesionado un uniformado de la Policía.
Los presuntos detenidos fueron identificados como Diego Fernando Perilla Carvajal alias Pirulo autor material de la lesión causada al uniformado, y Anderson Sánchez Vera, alias Apache. Este, al parecer, sería el coordinador de los grupos con tendencia violenta en la ciudad de Bogotá, los sujetos en cuestión estarían encargados de convocar a las movilizaciones por medio de redes sociales.
Pirulo y Apache fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de homicidio con circunstancias de agravación punitiva en grado de tentativa; en concurso heterogéneo y sucesivo con fabricación y porte de sustancias u objetos peligrosos y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, de uso restringido o explosivos.