En los últimos días se ha generado toda una polémica al conocer que el esposo de una de las integrantes del Gobierno nacional firmó un contrato con el Fondo de Colombia en Paz.

La revelación hecha en las primeras horas por 6AM de Hoy por Hoy genera todo tipo de comentarios, al destaparse que la ministra de Educación, Aurora Vergara, también tiene a su pareja, Víctor Olmedo Martínez, trabajando en la Defensoría del Pueblo con un contrato por 90 millones de pesos. El promedio mensual que recibe Olmedo Martínez por este contrato es cercano a los 10 millones de pesos.

Esta contratación tiene como fecha de inicio el miércoles 8 de febrero de 2023 y tienen vigencia hasta el lunes 6 de noviembre del mismo año. El objetivo del contrato es hacerle un seguimiento a la implementación de los proyectos de Cooperación Internacional y Convenios en el marco de los Decretos y Leyes Étnicas.

Aparte de los contratos que vinculan a las ministras Aurora Vergara e Irene Vélez, se conoció en las últimas horas que no son las únicas funcionarias del Gobierno nacional que tienen a integrantes de su familia trabajando para organismos del Estado. Este es el listado:

Su esposa Beatriz Eugenia Gómez Consuegra actualmente es la directora de la Superintendencia de Salud. Ella llegó antes que su esposo al cargo, el viernes 16 de septiembre de 2022, mientras que Alfonso Jaramillo se posesionó en abril del 2023.

Para la fecha, ambos actualizaron sus declaraciones públicas de bienes y rentas, mencionando que esta relación conyugal podría generarles un eventual conflicto de interés.

Gómez Consuegra describió en el documento dado a conocer por El Tiempo de que existe la posibilidad de que “decisiones, actuaciones o intervenciones que en cumplimiento de mis funciones como Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud generen conflicto de interés con las funciones o competencias del Ministro de Salud y Protección Social”.

A su vez, Alfonso Jaramillo mencionó en el apartado correspondiente su relación conyugal y afirmó que esta podría ser causal de posible conflicto de interés por el cargo de su pareja sentimental: “Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud”.

Este es similar a los casos mencionados, la esposa de Bonilla, Claudia Liliana Cortés López, actualmente es la directora de la Unidad de Planificación Agropecuaria, entidad vinculada al Ministerio de Agricultura.

Cortés López es administradora de empresas; magíster en Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, llegó a la cartera el martes 13 de junio, cuando su esposo llevaba dos meses en cabeza del ministerio.

El ministro la mencionó en su declaración de bienes como cónyuge, y se ha referido al tema ante medios de comunicación. El dirigente del ministerio comentó ante W Radio días atrás que llevaba más de 20 años casado con una especialista en temas agrarios. “Yo no la estoy nombrando, fue la ministra de Agricultura, que la conoce de tiempo atrás, quien le propone estar allí”.

La esposa del ministro aún no ha hecho pública su declaración de bienes, rentas y posibles conflictos de interés.

Álvaro Eduardo Restrepo Ramírez, hijo de la ministra, tiene un contrato por $70 millones de pesos con el Ministerio de Cultura.

Este se firmó el 17 de enero del 2023 y culmina el 8 de octubre del mismo año. El objetivo del convenio según aparece en el portal Secop es brindar servicios para apoyar la gestión de alianzas, desarrollar y hacer seguimiento de iniciativas, planes, programas y proyectos del ministerio y manejar la agenda de MinCultura.

Sumado a esto la ministra habría incluido a Álvaro Restrepo y a su hermano Diego Alejandro Restrepo Ramírez, como familiares susceptibles a generar posibles conflictos de interés, por el contrato del primero y porque el segundo trabajó en la JEP desde el 1 de agosto de 2018 hasta el 9 de abril del 2023.