Danilo Rueda “frenó” borrador de un decreto que pudo “declarar la guerra” al fiscal

Durante el martes 11 de julio ocurrió un vuelco inesperado con un borrador de decreto que tenía como primer objetivo solicitar la suspensión de órdenes de captura vigentes contra voceros de organizaciones criminales de alto impacto y dedicadas al narcotráfico. El documento estaba listo para ser expedido y sancionado por el presidente Gustavo Petro, pero en la noche fue tumbado desde el propio Gobierno.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, fue el responsable de la ‘derogatoria’ de la norma publicada en primer momento en la página de Presidencia para consulta pública. La razón fue una sola: el documento, implícitamente, era una ‘declaratoria de guerra’ al fiscal General Francisco Barbosa.

Concretamente, el documento, que ya no aparece en el portal oficial de Casa de Nariño, dejaba claro que los voceros de estructuras criminales organizadas como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn), y otras de carácter local como Shottas, Espartanos (Buenaventura); La Oficina y Los Pachelly (Medellín) para acercamientos con el Gobierno podrían circular con normalidad por todo el territorio siempre y cuando hicieran aportes a la política de Paz Total mediante la facilitación en los acercamientos con el Estado colombiano.

Esta figura ya se está aplicando para los integrantes de la delegación del ELN y representantes de disidencias como el Estado Mayor Central de las Farc, pero con la expedición de ese decreto también habría aplicado para estructuras sin origen político y dedicadas netamente al narcotráfico y otras actividades criminales.

Es en ese punto del decreto que habría generado un nuevo ‘choque de trenes’ con el ente de control a cargo de Francisco Barbosa. De hecho, el funcionario emitió en reiteradas ocasiones sus reparos al levantamiento de las órdenes de detención contra 19 integrantes de la disidencia al mando de Iván Mordisco.

Sin embargo, esas peticiones del Gobierno fueron aprobadas bajo la premisa de “alcanzar la paz” en el país y lo contemplado en la Ley 2272 de 2022.

Barbosa Delgado también emitió duras críticas a comienzos de año tras la iniciativa del Ejecutivo de levantar las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo. Esos cuestionamientos incluyeron una solicitud al comisionado Rueda de no extramilitarse en sus funciones y no fungir como autoridad judicial.

Esa disputa, evitada por el alto comisionado para la Paz debido a que no fue consultado para elaborar ese borrador de decreto, pudo ahondar más.

En las cuatro páginas del documento había quedado estipulado que el fiscal General de la Nación, en su calidad de autoridad competente, “suspenderá de plano las órdenes de captura que se hayan dictado o que se dicten en contra de los miembros representantes o voceros de las organizaciones armadas al margen de la ley o de las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, por el término solicitado por el Gobierno Nacional”.

Se espera que el decreto, que no pasó de ser un borrador, sea colgado nuevamente en la página de Presidencia con modificaciones requeridas por el alto comisionado, pues fue él quien pidió anular su publicación del sitio web ante los riesgos que pudo presentar para la política de Paz Total.

Una de las peticiones de los grupos criminales de alto impacto, sobre todo los radicados en Buenaventura, es que sea discutido y aprobado el proyecto de ley de sometimiento a la justicia.

La ponencia, que no pasó en la primera legislatura, será presentada nuevamente después del 20 de julio y una de las bases será el desmantelamiento de esas estructuras a cambio de beneficios jurídicos, así como medidas efectivas de reparación para las víctimas, al mismo tiempo que habrá inversión social en los territorios donde tienen injerencia.