Uno de los últimos pronunciamientos hechos por el presidente Gustavo Petro desde Buenaventura ha generado todo tipo de reacciones. En la declaración el mandatario habló de la intención de pagar un subsidio de alrededor de un millón de pesos a los jóvenes que dejen grupos criminales.

Con la iniciativa “pago por no matar” se proporcionaría una renta básica a jóvenes en situación de riesgo de ser reclutados por bandas criminales, con el fin de brindarles la oportunidad de acceder a la educación y a espacios académicos.

Para el gobierno, esta no solo es una iniciativa gubernamental, porque el proyecto fue aprobado por el Congreso de la República en la ley del Plan Nacional de Desarrollo con el ánimo de incentivar el retiro de los jóvenes de estas bandas que están operando en el país.

En la norma se aprueba una serie de requisitos que deberían cumplir estas personas para poder acceder a este subsidio del Estado. ‘’Por primera vez se hace un programa para personas que están en riesgo, siempre se hacen programas para jóvenes que son pilos o los que sacan las mejores notas, pero lo que se hace es que a los jóvenes que están en riesgo de caer en garras de la criminalidad y grupos delincuenciales se les da una oportunidad en diferentes regiones del país”, comentó la congresista Olga Lucía Velásquez, quien fue ponente de la propuesta.

1. Estos montos económicos son transferencias monetarias condicionadas; para acceder a los mismos se debe firmar un compromiso de trabajo social y estar vinculado (a) a un programa educativo.
2. El aspirante debe haber apoyado iniciativas productivas o emprendimientos.
3. Estar vinculado (a) a un programa de educación gratuita coordinada con la Secretaría de Educación del municipio y el Ministerio de Educación y cuarto, programas de salud con énfasis en salud mental.

Olga Lucía Velásquez mencionó que lo que se pretende el programa es arrebatarle los jóvenes a la delincuencia, “no estamos privilegiando a ningún pillo como se ha dicho, estamos dándole oportunidades a los jóvenes que están en riesgo en el territorio nacional”, dijo.

En una rueda de prensa realizada en la Casa de Nariño, la alta funcionaria afirmó que esta estrategia, que ya comenzó oficialmente en Buenaventura, es una política del Gobierno nacional del Pacto Histórico destinada a prevenir la violencia y reducir la participación de los jóvenes en actividades delictivas.

Márquez expresó que considera errónea la visión de que pagar a los jóvenes de bandas criminales es la solución, ya que si la juventud tuviera oportunidades en el país, no se vería empujada hacia dichas organizaciones delictivas.

“No, yo creo que esa es una visión equivocada, porque si la juventud tuviera oportunidad en este país, independientemente del lugar a donde haya llegado, no estarían llegando hacia allá”, sostuvo Márquez.

Sin embargo, continuó con su discurso y explicó que se trata de una táctica diseñada con el propósito de distanciar a los jóvenes de los actos violentos.

“Entonces, esta es una política para prevenir la violencia, el asesinato, buscamos prevenir la violencia y sobre todo que la juventud tenga oportunidades”, concluyó la vicepresidenta. Además, destacó la importancia de abordar la pérdida de vidas jóvenes que ocurre en el país cada fin de semana y subrayó la necesidad de prevenir la violencia a través de esta iniciativa.

La postura de la vicepresidenta Márquez se suma a las diferentes opiniones en torno a su efectividad y potenciales repercusiones en la lucha contra la violencia y la delincuencia juvenil.

Durante una entrevista con Blu Radio, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, aclaró el contexto de las palabras del presidente y explicó que se trataba de una metáfora para resaltar la vulnerabilidad de los jóvenes sin oportunidades frente a las estructuras criminales presentes en Buenaventura, como los Shottas y los Espartanos.

El ministro también proporcionó detalles sobre cómo funcionaría esta iniciativa en la ciudad vallecaucana y cuál sería el monto de dinero que recibirían los jóvenes. Según Velasco, el beneficio económico sería cercano al millón de pesos y tendría una duración limitada, no sería de por vida.

El objetivo sería brindarles apoyo mientras se alejan de entornos delictivos y se les facilita el acceso a actividades académicas que los impulsen hacia un mejor futuro.

El ministro destacó que el programa buscará identificar a la población en riesgo y establecer alianzas con organizaciones sociales locales. Estas alianzas permitirán realizar un seguimiento de los candidatos para asegurarse de que cumplan con su compromiso de formación, ingresando a programas de educación superior en instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) o las universidades de la ciudad.